“Encontrándose agotada la investigación, sin que se hubieran promovido medidas de ningún tipo desde la presentación anterior, por expresas instrucciones de mi mandante reitero a todo evento su interés de que se formule requerimiento”, dice la solicitud remitida por el abogado Martín Jáuregui, con fecha 28 de agosto. El representante legal de Clarisa Marano Roude -hija de un paciente con COVID-19, a quien habrían intentado cobrarle por oxígeno- ya había plasmado una petición similar en un documento enviado a la Unidad Fiscal de Colón el 12 de junio pasado, previo a la feria judicial.
Para la querella, la Fiscalía cuenta con “sobrados elementos de convicción para sostener como probable la participación punible de la acusada en los hechos investigados”, por lo cual reclama celeridad en el proceso penal.
Las opciones que baraja la querellante
Al ser entrevistada por El Entre Ríos, Marano Roude fundamentó la nueva presentación en que “hace más de dos meses enviamos un escrito pidiendo que requieran la causa a juicio y nunca nos respondieron, pese a que tienen obligación de hacerlo”. Convencida que “todo va demasiado lento” y no encuentra “motivo aparente”, sostuvo que la ciudadanía espera otra cosa de la Justicia: “Al menos en este caso, somos varias las víctimas y hay mucha expectativa en que se resuelva bien este tema, pero también en que se lo haga en un momento no tan lejano, cosa que por ahora -lamentablemente- no está sucediendo”.
Asimismo, dijo que los fiscales parecieran olvidarse de la gravedad del asunto. “Siendo un hospital público, se exigía a la gente que pague por las prestaciones de salud, traslados, medicamentos y, en plena pandemia, abonar el tubo de oxígeno”, recordó con respecto a lo denunciado el 27 de mayo de 2021, lo cual calificó como “un sistema muy perverso”: “Hasta se ocupó el dinero de la jubilación de los abuelos que estaban en el hogar -no sabemos en qué- y no se rindieron cuentas, sumado a que luego de nuestra querella quedaron en evidencia muchísimas irregularidades de cómo se manejaban las cosas”. En este punto, aseguró que “hasta el Tribunal de Cuentas objetó rendiciones del hospital, donde se utilizaban fondos destinados a una cosa, en otra” y concluyó en que se trató de “un hecho de corrupción liso y llano”.
“Me resulta difícil explicar el paso del tiempo y la tardanza de la Fiscalía porque tampoco nos da una respuesta de por qué están tardando tanto. No sé si están esperando que pase el tiempo y la causa prescriba, o que la persona imputada se jubile, o qué es lo que persiguen. No sé si persiguen algo o es desidia”, dejó planteado.
“Lo que sí sé es que se están realizando juicios de causas que se iniciaron luego de nuestra denuncia y ya están en debate, con sentencia, mientras el nuestro sigue en etapa de investigación. Si bien entiendo que hay procesos más complejos que otros, en este caso los períodos imputados ya están sobradamente probados para ir a juicio, de hecho la Fiscalía -aparentemente- está trabajando en el requerimiento, pero nunca se decide a presentar el escrito a la jueza para que avance de una vez”, cuestionó luego.
La querellante utilizó la palabra “limbo” para definir el estado de la causa, “porque no avanzan con los períodos que ya le imputaron a la exadministradora ni la citan nuevamente para imputarle los demás períodos por los que ampliaron la investigación (de 2020 hacia 2013)”, argumentó.
“No imputan, no requieren a juicio, no realizan medidas para que el hospital pueda recuperar el dinero que correspondió que ingrese a su contabilidad. Nada”, remató.
La investigación hasta aquí
A dos años y tres meses de iniciada la investigación, sigue habiendo una sola persona imputada por el Ministerio Público Fiscal.Se trata de la entonces administradora del hospital, Claudia Lorena Lugrín, a quien le endilgan los delitos de “PECULADO, EXACCIONES ILEGALES SIMPLES Y AGRAVADAS POR CONCUSIÓN -58 Hechos-, y NOMBRAMIENTO ILEGAL DE FUNCIONARIO PÚBLICO”.
En tanto, una hermana y una sobrina suya, también empleadas del área de administración, fueron citadas a nombrar abogado defensor, dado que desde la Fiscalía entendieron que podrían llegar a tener algún tipo de responsabilidad.
La médica Graciela Ingold, quien se desempeñaba como directora al momento de los hechos, también debió designar letrado.
Entretanto, Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud instruyó una información sumaria sobre las hermanas Claudia y Lourdes Lugrín, que está a cargo de la Dirección de Sumario de Entre Ríos.
