Debate
Tras la presentación de los representantes de todas las partes, y luego de escuchar la palabra de la extitular del Monasterio de la Preciosísima Sangre de Nuestra Señora del Carmen, el tribunal habilitó formalmente el debate con los alegatos de apertura.El fiscal Jorge Gamal Taleb comenzó la exposición, con argumentos sólidos y que dieron cuenta de las prácticas que ejecutó Toledo durante al menos seis años.
En su introducción consideró que se trata de “un supuesto caso de graves violaciones a los derechos humanos, de abuso eclesiástico y de anulación de la personalidad de dos víctimas que han sido reducidas durante su estadía, en el Convento de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá, a la condición de siervas. Pero no de siervas de Dios, sino de la voluntad caprichosa de la autora, que las ha manipulado y no ha tenido en cuenta su consentimiento, y su intención de retirarse de ese lugar”.
Después se dedicó a describir los dos hechos denunciados por excarmelitas en 2016 y que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de Nogoyá, a cargo de Federico Uriburu. “En relación a la víctima S.A., la imputada Luisa Esther Toledo en su condición de priora, es decir de madre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas, ubicado en la ciudad de Nogoyá, la privó ilegítimamente de su voluntad sin su consentimiento a partir de 2007 y hasta 2013, más precisamente el 1º de abril de 2013, cuando permitió que su madre pueda retirarla de ese lugar”, relató en la audiencia.
Sobre cómo fueron sus días en ese monasterio, el fiscal explicó cómo se cometieron diferentes tipos de tormentos. “La señora Toledo le infligió tratamientos corporales, que pueden ser calificados como verdaderos tormentos. Los aplicó en contra de su voluntad y en contra de las reglas expresas de la Constitución de las Carmelitas Descalzas, aplicable en ese lugar en 1990. Hay dos constituciones, pero la que se aplica en Nogoyá es la de 1990. Toledo aplicó penas corporales que no estaban previstas en esa Constitución y que consistieron en azotes, mediante látigos, en ese lapso de seis años donde estuvo retenida”, especificó.
Según la acusación, la expriora la obligaba a usar mordazas de madera para cubrir su boca, y la encerraba por tres o cuatro días en celdas individuales. “Le provocó un profundo deterioro psicológico”.
Cuál podría ser la pena
Todo parece indicar que el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay-Victoria-Nogoyá, Jorge Gamal Taleb, pedirá una pena de prisión efectiva en caso de comprobarse la autoría de la monja en el hecho. Es que la escala penal prevista para este tipo de delitos estipula una pena mínima de dos años y una máxima de 12.“Si se comprueba su responsabilidad material le podría caber una pena de entre cinco y ocho años, aunque también se puede disponer que la cumpla bajo la modalidad domiciliaria por su edad y su enfermedad”, aseguró el fiscal Taleb.
El titular de la acusación dijo que el balance de la primera jornada permite establecer que “fueron hechos gravísimos, quedó clarísimo con la Constitución de 1990. Ella lo imponía como castigo, no era la mortificación después de un salmo. Ella aplicaba el régimen medieval y no lo podía hacer, ya que el Concilio Vaticano eliminó de las penas el castigo corporal. Además no podía tener encerradas a dos personas contra su voluntad”.
La defensa entiende que “no hay delito”
Luisa Esther Toledo se presentó a la primera audiencia del juicio donde se buscará determinar su responsabilidad penal en dos hechos denunciados en 2016. Se sentó junto a sus abogados defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, y una asistente que la acompañó durante las ocho horas que duró el debate.Toledo declaró durante una hora y media y respondió preguntas de la Fiscalía. Sobre los hechos que se le atribuyen explicó que se “hacían voluntariamente” y ante las preguntas de Taleb mostró nerviosismo y cierto enojo.
Por su parte, el defensor Vartorelli sostuvo que “los defensores entendemos que no hay delito ni privación ilegítima de la libertad ni ningún otro. Desde el vamos nos parece excesiva la calificación legal que se le aplicó”. Y agregó: “Nosotros vamos a sostener básicamente que entendemos que la imputación es atípica, que no ha incurrido la madre superiora en ninguna conducta ilícita”.
“También vamos a sostener que, en el caso de que haya alguna conducta reprochable, no lo entendía así la hermana, porque se regía por un ordenamiento propio de la orden de las carmelitas”, completó.
Para este miércoles está previsto que declare un familiar de una de las víctimas y dos curas. Las audiencias continuarán el viernes y se retomarán el martes de la próxima semana. El juicio concluirá a fin de mes.
