Explican que “las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en Género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado” y aclaran que esto implica una “contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”.
“La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género”, expresaron desde la Magistratura y remarcaron que “las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”.
