La resolución fue adoptada con la firma de los tres ministros del Máximo Tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La acción judicial de cobro habÃa sido interpuesta en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal del Estado provincial, Julio César RodrÃguez Signes, contra el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
De acuerdo a la demanda, Entre RÃos reclamó al Estado Nacional el pago de 154.606.298.614 pesos, un monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial como saldo adeudado al momento de la presentación en la Justicia.
A la hora de dirimir qué tribunal intervendrá en el caso, los tres jueces consideraron: “Que toda vez que la Provincia de Entre RÃos -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artÃculo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artÃculo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria“.
Sobre esa base, resolvieron: “I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vÃa del proceso ordinario, por el plazo de sesenta dÃasâ€.
El fallo dispuso librar oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de acuerdo con lo previsto en el artÃculo 9 de la Ley 25.344 -que se enmarca en un capÃtulo que regula los juicios contra el Estado Nacional-, y comunicar la decisión adoptada al procurador General Eduardo Casal.
La solicitud de Entre RÃos, en efecto, se apoya en el “Consenso Fiscal†firmado el 16 de noviembre de 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri, los gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. En ese pacto, el Estado Nacional asumió, entre otros puntos, una serie de compromisos especÃficos respecto de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Entre ellos, se estableció que debÃa modificar el decreto reglamentario de la ley 27.260 para eliminar penalizaciones por no armonización de sistemas locales, asegurar que la ANSES continuara liquidando anticipos mensuales, aumentar las partidas presupuestarias en la misma proporción que las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y mantener un mecanismo de anticipos automáticos calculados en base al déficit del año anterior.
Además, se dispuso la creación de un régimen simplificado de remisión de información para determinar el resultado financiero corriente de cada sistema provincial.
La provincia entrerriana sostiene que la Nación incumplió sus obligaciones, lo que generó un déficit en su caja previsional que ahora reclama por vÃa judicial. El cuestionamiento se suma a otros procesos iniciados por distintas jurisdicciones que alegan retrasos o incumplimientos en las transferencias previstas en el Consenso Fiscal. Además, se añade a otras causas donde se discuten planteos por fondos nacionales, coparticipación y transferencias especÃficas. En esos antecedentes, el Máximo Tribunal también asumió competencia originaria con base en la Constitución.
El proceso continuará su curso a través de la vÃa ordinaria, con traslado al Estado Nacional por un término de dos meses. La definición de fondo dependerá de la prueba que se produzca y de los argumentos que aleguen las partes en el marco del expediente.
