El texto publicado, que cuenta con la firma de más de 50 sacerdotes, se titula “No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares”.
A través del Decreto 193/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo, se estableció una poda prácticamente total de ese fondo administrado por movimientos sociales, entre ellos algunos cercanos al papa Francisco.
“Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son: afianzar la justicia (los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado) y promover el bienestar general”, comienza el comunicado emitido por los religiosos. Además, explicaron en el texto: “Antiguamente, las villas no figuraban en los mapas. Aparecían como ‘espacios verdes’. En un momento dado, la sociedad “se desayunó” con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido”.
“En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas. No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos”, agregaron
En ese sentido, apuntaron directamente al impacto que, según entienden, puede generar el recorte del Fondo de Inversión Social Urbano (FISU): “Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto del FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.
Y concluyeron con un pedido al gobierno nacional: “Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva”.
Los religiosos que pertenecen al equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, y que firmaron el comunicado, son: Lorenzo de Vedia, Facundo Ribeiro, Gastón Colombres, Carlos Olivero, Nicolás Angellotti, Guillermo Torre, Ignacio Bagattini, Pedro Cannavó, Gustavo Rofi, Andrés Benítez, Damián Reynoso, Adrián Bennardis, Joaquín Giangreco, Leonardo Silio, Ariel Corrado, Andrés Tocalini, Pedro Baya Casal, Miguel Berriel, Francisco Ochiuzzi, Hugo Salas, Hno. Cristian Viscardi, Mariano Oberlin, Francisco Contamin, Hernán David, Daniel Echeverría, Mario Vicente Lezcano, Héctor Díaz (Choby), Diácono Marcelo Cuello, Marcos Aguirre, Daniel Pesce, Federico Salmerón, Pablo Viola, Marcelo Ciavatti, Mauricio Cardea, Fabio Solti SJ., Marcelo Durango, Melchor López, José María Di Paola, Pancho Velo, Daniel Petelin, Juan Berli, Carlos Arce, Ubirajara Salazar, Ignacio Rey Nores.
Para entender el alcance de la poda hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social a través del FISU, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.
El decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió prioridades y estableció girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo.
Con los cambios dispuestos hoy por Javier Milei, sólo se girará un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuará con el mismo 5% del producido.
En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto País que percibían los movimientos sociales, ahora recibirán un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento.
