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Rodríguez Lastra y el abogado Damián Torres.
Rodríguez Lastra y el abogado Damián Torres.
Rodríguez Lastra y el abogado Damián Torres.
Según lo explicado por la defensa, la provincia de Entre Ríos sanciona al médico de manera más grave que el propio sistema de salud le impuso en Río Negro. Mientras que en la provincia patagónica tiene la matrícula habilitada pero no puede ocupar cargos públicos, en suelo entrerriano directamente no puede ejercer como profesional de la medicina.

En las últimas horas, Damián Torres como abogado defensor del médico Javier Rodríguez Lastra, anticipó que “en las próximas horas iremos a Entre Ríos, nos hemos contactado con un colega de allá y vamos a ir a la Justicia de la provincia”.
Denuncia penal en puerta
“No sólo para que se habilite la matrícula de Rodríguez Lastra, sino que estudiaremos en caso de que no den marcha atrás con la ilegal decisión de denunciar penalmente a los funcionarios que abusaron de su autoridad, e incluso al Gobernador, por este acto contrario a la ley”, enfatizó el abogado.

Así llega una primera respuesta a la decisión que el Gobierno de Entre Ríos, a través de la resolución 4.649, explicó que se suspendió la matrícula, que lo habilitaba a trabajar en esta provincia hasta 2025, por "razones exhibidas en las noticias de prensa y las constancias judiciales de la sentencia" contra el médico. En este sentido, resolvieron mantener vigente su matrícula sería una "concreta violación a las normas que rigen actividad, a la ética y al interés público y social". “Es necesario mencionar que Rodríguez Lastra fue condenado, pero su condena no está firme y falta mucho para ello. Pero lo más importante, la inhabilitación sólo alcanzaría si la condena se confirmara en todas las instancias para ejercer cargo público”, argumentó Torres y añadió: “Es más, la Fiscalía pidió que se lo inhabilitara para ejercer la medicina, lo que fue rechazado por el Juez y confirmado por el Tribunal de Impugnación de Río Negro".

Entonces, remarcó lo dicho al principio: “Rodríguez Lastra puede ejercer en establecimiento médico privado sin inconvenientes, en cualquier lado del país, lo cual un Ministro no puede impedir de obtener su matrícula para trabajar en lo que la Justicia habilitó en lo privado, sin que ello sea un delito”.
“Hay una persecución clara”
“Jurídicamente esta decisión no tiene asidero, sino se explica a través de presiones mediáticas y de grupos minoritarios que ejercieron influencia. Ahora será la Justicia quien decida y juzgue semejante atropello, propio de las épocas de la dictadura, donde el Estado de Derecho quedaba absolutamente abolido”, advirtió.

Denunció, además, que “hay una persecución clara contra Leandro de ciertos grupos, los cuales se preocupan solamente por tratar de perseguirlo a él, pero les pregunto ¿pidieron algún informe para ver cómo está la causa del violador? ¿Juntaron firmas para pedir que alguien actúe?".

"Porque nunca dijeron nada de que la misma fue archivada desde el 2018 (sí, incluso antes del juicio del médico), y a pesar que en el juicio tuvieron información, no hicieron nada y el violador está libre, sin causa ni condena y ningún medio se ocupó de sacar a la luz esto, lo cual demuestra que la mujer jamás les interesó", lamentó.

Aclaró que tanto él, como su defendido, están “muy fuertes para seguir peleando, además muchísima gente de Entre Ríos se comunicó con Leandro y con nosotros. Creo que la gente está empezando a ver que así no se puede seguir, así que estamos muy fortalecidos para pelear contra este atropello que estamos seguros que la Justicia no va a permitir”.
Fuente: El Entre Ríos.

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