La causa –según reveló el sitio Entre Ríos Ahora- investiga presuntas maniobras de vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, y operatorias presuntamante fraudulentas con la toma de créditos a tasa subsidiada, en teoría para aplicarlos a labores productivas, aunque se presume que ese dinero habría terminado en los bolsillos de los integrantes de la sociedad.
Un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Mauricio Mayer y Gervasio Labriola revisó la decisión dictada en noviembre de 2022 por la jueza de Transición Carola Bacaluzzo e hizo lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal Álvaro Piérola, y en consecuencia revocó el sobreseimiento que benefició a Luis Guevara, que fungió como director de SAER.
Al revocar los sobreseimientos, la Justicia ordenó el desglose de parte de la causa y su remisión «al Fuero Federal de Paraná».
El pronunciamiento confirmó lo resuelto por la jueza Bacaluzzo al dictar el procesamiento de Viviana Graciela Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial y Germán Esteban Buffa como autores del delito de administración fraudulenta; y el procesamiento de Walter Roberto Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.
La imputación fiscal en el primer hecho, en el que fueron sobreseídos, atribuyó a Leonor Barbero Marcial, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, “en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., con la necesaria complicidad de Luis Miguel Etchevehere, en su carácter de socio de dicha firma, haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), (…), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas los que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre ellos para fines personales y distintos del solicitado al banco”.
Agrega que la devolución de tales créditos por parte de la sociedad al banco “fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, y a cinco años, mientras que -paralelamente- los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, se encarecían los valores de las cuotas a pagar al Banco Itaú, y las que devolvían los miembros de la sociedad no alcanzaban a igualar tales valores, al punto tal que la sociedad debió gestionar por ante el Banco de la Nación Argentina otro crédito a tasa subsidiada destinado a pequeños productores por $ 900.000”, con el propósito de destinarlo a saldar la última cuota pendiente de los créditos del banco Itaú, conforme fuera decidido mediante acta de Directorio de fecha 01/11/2016, frustrándose dicha operación por cuanto el banco Nación no realizó los desembolsos correspondientes”.
La segunda imputación, por vaciamiento, y por la cual sí fueron procesados, planteó que entre 2011 y 2015, “Viviana Grenón, Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa, en su carácter de directores, contemporáneos y sucesivos de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16/03/2012 la venta de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza N° 1050, partida N° 10-7242-00; 2) 25 de Junio N° 33, partida N° 10-3658-09; 3) 25 de junio s/n, partida N° 10-16104-05; 4) 25 de junio N° 19, partida N° 10-118565-07; 5) Urquiza N°1036, partida N° 10-66810-08, a la firma Arroyo Ubajay S.A.; y los inmuebles sitos en: 1) calle Buenos Aires N° 11, partida N° 10-10154-04; 2) Tratado del Pilar N° 526, partidas N° 106927/8 y 126179/5, ambos de la ciudad de Paraná, a la firma Nexfin S.A., desconociéndose la fecha en que se concretó cada una de tales operaciones. También la obligaron abusivamente cuando en fecha 20/03/2012, aprobaron la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00), todos de la ciudad de Paraná; 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801), de la ciudad de Victoria; 6)- Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4), de la ciudad de Nogoyá; 7) Etchevehere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4), de la ciudad de Diamante, a la firma Construcciones del Paraná S.A., desconociéndose también en tales casos la fecha en que se concretó cada una de dichas operaciones. Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., el primero, y de la firma Construcciones del Paraná S.A., los demás; quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de SAER de fecha 21/03/2012, sino que -a su vez- decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER, con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales. De tal forma, y por un lado, las firmas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., ambas bajo la dirección y control de W alter Grenón, propusieron al Directorio de SAER la compra de los inmuebles ya detallados; de la misma forma que también hizo lo propio la firma Construcciones del Paraná S.A., cuya sociedad la integran los referidos miembros de la familia Etchevehere. Una vez concretadas las operaciones de venta de tales inmuebles, el producido fue distribuido, también siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial (vda.) de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón, en función de supuestas obligaciones adeudadas previamente a ellos por SAER y en detrimento de otros acreedores. De esa forma, las mismas personas físicas que en sus respectivos roles funcionales decidieron la venta de aquellos bienes, fueron luego quienes se vieron beneficiados con los mismos y también con el producido de ellos a través de las distintas personas jurídicas que también conforman; dejando a SAER vacía de bienes de capital y con un cúmulo de deudas tal que debió inmediatamente recurrir a fuentes de financiamiento no bancarias para hacer frente a esas otras obligaciones”.
Dolores Etchevehere está peleada con sus tres hermanos y su madre por el reparto de la herencia que dejó a su muerte, en 2009, el padre, Luis Félix Etchevehere, el último director de El Diario que puso la familia antes de la venta de la mayoría accionaria, en 2010.
Dolores cuando se dirige a sus hermanos los llama los «Etchevehere corruptos», frase que acuñó desde que en 2020 ocupó la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, con un puñado de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois, que imaginaron como el semillero de un proyecto agroecológico que terminó del peor modo: con una orden de desalojo que firmó la camarista María Carolina Castagno el 29 de octubre de 2020, quince días después del ingreso a una de las tantas propiedades de los Etchevehere, en medio de la pandemia de coronavirus. Y con una denuncia penal por usurpación, que Dolores Etchevehere resiste con un último recurso que está a resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Aquella demostración de fuerza entre los «Etchevehere corruptos» y Dolores desnudó una pelea familiar por una millonaria herencia que se generó a la muerte del pater familias, Luis Félix Etchevehere, en 2009, el último director de El Diario con el apellido de la familia fundadora del matutino paranaense. En 2010 la mayoría del paquete accionario de El Diario cambió de manos. La disputa de los Etchevehere está escrita en un expediente judicial que lleva una década tramitándose. Está caratulada así: «Etchevehere Luis Miguel; Etchevehere Arturo Sebastián; Etchevehere Juan Diego; Barbero Marcial de Etchevehere y Otros/ Estafa». Dolores Etchevehere es la denunciante; su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, los denunciados.
