Hay “un gris muy grande”
Al respecto, Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) aseguró que esta problemática comenzó a discutirse recientemente al interior de la Unión Industrial de la provincia, pero adelantó a título personal que el tema genera "un gris muy grande", ya que se choca el derecho de la persona a no vacunarse y el de los empresarios a volver a normalidad lo antes posible sin poner en riesgo la salud del resto del personal."En lo personal creo que es un tema que no está resuelto en el mundo, pero la resistencia a vacunarse es algo que se está dando, no tanto entre la gente más grande, sino en las nuevas generaciones", contó el titular de la UIER.
Dijo, en ese sentido, que una primera instancia se planteó incentivar a vacunarse a aquellos trabajadores que por diferentes cuestiones se niegan: "Una de las medidas que hemos tomado junto a los médicos de la empresa es capacitarlos sobre la importancia que tiene vacunarse y explicarles cuáles son las consecuencias. Estamos tratando de inducirlos a que depongan esa actitud", agregó.
Admitió, no obstante, que esta situación es de "muy difícil resolución", ya que la vacuna contra el Covid-19 aún no forma parte del calendario obligatorio de vacunación: "Si lo fuera esta discusión se termina, ya que no contar con el calendario completo incumple con los protocolos de las empresas y puede ser causal de despido".
Rechazo del jefe de Gabinete
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, rechazó la propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) de suspender el pago de salarios a los trabajadores que deciden no vacunarse contra el coronavirus.“La vacunación en la Argentina es optativa y no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, eso no corresponde”, aseguró el funcionario en diálogo con radio La Red.
El presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, había asegurado que las normas vigentes habilitan a las compañías a dejar de pagar el salario de aquellos empleados que teniendo la posibilidad de vacunarse decidan no hacerlo. El comentario generó la reacción de los gremios, pero no del Ministerio de Trabajo, que hasta el momento se había mantenido en silencio. Este jueves, el encargado de fijar una postura oficial fue Cafiero.
“Nosotros vamos a continuar con la vacunación de modo optativo. Tenemos una gran aceptación y la Argentina es uno de los países que más ha vacunado. No puede haber una sanción si la vacuna es optativa”, aseguró el ministro coordinador.
Según los datos que aportó, el 80% de los mayores de 18 años recibió al menos una dosis en la Argentina. Sin embargo, los expertos coinciden en que una persona queda inmunizada frente al virus cuando accede al esquema completo. Ayer, el país llegó la 20% de su población con dos inyecciones, un número más bajo que el de otros países de la región como Chile, Brasil y Uruguay.
Hay naciones incluso que pusieron en marcha la implementación de una tercera dosis para las personas más vulnerables frente al COVID-19. Esa estrategia por ahora está muy lejos en el horizonte del gobierno argentino. “Primero tenemos que terminar los esquemas de vacunación y ahí se evaluará si necesitamos un refuerzo, como están haciendo otros países del mundo”, dijo Cafiero.
Empresas internacionales como Disney y Walmart ya anunciaron que exigirán a gran parte de sus empleados que se vacunen. Otros, como Amazon, uno de los empleadores más grandes de los Estados Unidos, optaron por otras estrategias como las bonificaciones y el acceso a las vacunas en los lugares de trabajo.
Qué dice la legislación laboral
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que la normativa vigente en la Argentina (la Resolución Conjunta 4/2021) estableció que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse tienen que deberán actuar de “buena fe” y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para “paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras”. Y estimaron que no se tomará ninguna otra acción con respecto a este tema.Las diferencias entre las medidas que toman las empresas en los Estados Unidos y las que pueden implementar el resto de los países están vinculadas a las legislaciones laborales. En Europa, por ejemplo, la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo de 1989, cuenta con normas específicas sobre el derecho a la intimidad del empleado.
Hace algunas semanas, el Gobierno de Francia insistió con la posibilidad de aprobar una ley que contemple el despido de un trabajador no vacunado contra el Covid-19, a pesar de que el Senado francés ya había rechazado esa posibilidad. El Parlamento de ese país aprobó la vacunación obligatoria para algunas profesiones, como el personal de salud, y la utilización del “pase sanitario”, en la mayoría de establecimientos públicos como restaurantes, cines, discotecas, trenes y aviones.
