¿Quién se queda con la plata de las Cooperativas?
Además de la disputa interna entre sectores del PJ uruguayense (ver Schepens volvió a recortar las arcas de Chimento), el tema también pone a la luz el rol de las cooperativas sociales en el manejo de la caja de la política, que desvía fondos del Estado y usa los puestos de trabajo para actividades proselitistas. Una investigación iniciada por estudiantes de la Cátedra de Investigación de la carrera de Periodismo que se dicta en Concepción del Uruguay pusieron de relieve las preferencias del Gobierno de Carlos Schepens por un número limitado de cooperativas sociales que reciben cuantiosas sumas de dinero. El análisis de los fondos aportados en 2014 evidencia que siete (7) cooperativas sociales se quedaron con el 83,4% de los recursos, acumulando $17 millones. Son el grupo de organizaciones privilegiadas por la gestión Schepens que, en todos los casos, transfirió a cada una de estas cooperativas cifras que van desde $1.600.000 a $4.200.000 en el año.
A partir de la difusión de estas cifras (que si bien están publicadas en el sitio web del Municipio, son de muy difícil acceso por el intrincado sistema), se abre otra serie de interrogantes que permite preguntarse: ¿Esas cifras millonarias terminaron en manos de los cooperativistas realmente o quedaron en poder de los referentes sectoriales?; ¿los integrantes de cada cooperativa social reciben su participación en la ganancia que genera cada organización? ¿cuánto cobra en verdad cada cooperativista: los $1800 que paga la Municipalidad o cientos de miles de pesos como indican las cifras que el Gobierno aporta a cada una de estas cooperativas?
La caja negra de la política
No es muy complejo detectar que los integrantes de estas cooperativas sociales siguen siendo humildes trabajadores que apenas mejoran parcialmente su nivel de vida con un salario pobre, muy por debajo del mínimo, vital y móvil. Por tanto, cabe preguntarse adónde va a parar la ganancia que generan esas cooperativas, algunas de las cuales perciben un promedio de 300 mil pesos mensuales de ingresos para repartir entre no más de 10 integrantes. Si bien hay que descontar los gastos que requiere cada obra que llevan adelante, está claro que la diferencia supera ampliamente los $1800 mensuales que recibe como remuneración cada cooperativista.
Esta constatación evidencia que, más allá de la disputa intestina entre sectores antagónicos del PJ local, lo que está en juego es el control de una enorme caja de recursos que desde hace una década se utiliza para financiar la actividad política, sostener las campañas electorales y mantener a las filas conformes. Es parte de la caja negra de la política de la que pocos se animan a hablar, porque lo que está en juego es una masa importante de recursos que se desvían para sostener la actividad proselitista, pagar lealtades y financiar la próxima campaña electoral.
El control de la caja
La pelea del Gobierno Municipal con Chimento deja al desnudo que la disputa encubre el interés por el control de fondos millonarios que se usan para hacer política y los puestos de trabajo que implica el control de las cooperativas sociales. Disfrazada de una pelea por la transparencia, los bandos se disputan el control de los recursos y las fuentes de empleo que, lejos de llegar a sus legítimos destinatarios que serían los cooperativistas, terminan en manos de intermediarios que administran esos fondos en nombre del poder de turno.
Antes era Chimento quien articulaba gran parte de ese dinero y esa enorme cantidad de puestos de trabajo. Ahora, desplazado del centro de la escena y debilitado políticamente, el Gobierno de Carlos Schepens ha articulado su propio sistema de lealtades inmiscuyéndose de manera directa en el manejo de varias de las cooperativas sociales que hoy parecen recaudar para la Corona.
La exposición pública del caso debiera servir para instalar el tema en el centro de la campaña electoral, en el que cada candidato explicite qué hará para terminar con este esquema de prebendas y desvío de fondos que hoy tiene nuevos actores, pero sostiene la misma impronta que rige desde hace más de una década.
