En la oportunidad, se leyó un documento señalando algunos aspectos de la situación actual y los principales puntos del reclamo.
“Hoy nos reunimos para decir con claridad que la crisis del sistema de discapacidad en Argentina no es un problema de los prestadores. No es una pelea sectorial ni una discusión administrativa. Es una crisis que atraviesa a toda la sociedad y que expone el modo en que se desarma, día a día, la red de cuidados que sostiene la vida”.
“En Argentina, casi dos millones de personas tienen un Certificado Único de Discapacidad. Detrás de cada número hay vidas que dependen de un entramado de apoyos públicos y comunitarios que hoy está en riesgo. La crisis del cuidado no es una metáfora: son madres y padres que ya no pueden sostener los tratamientos; son trabajadoras del cuidado que cobran con meses de atraso, sin aportes ni derechos; son profesionales que sostienen vínculos terapéuticos a pulmón, sin certezas ni continuidad; son personas con discapacidad que quedan fuera del sistema educativo, laboral o de salud. Personas”, agrega el escrito.
“El estado debe seguir garantizando políticas públicas. Durante años, la Argentina fue y sigue siendo un país de referencia en materia de derechos y políticas de discapacidad”.
Más adelante, recordaron que “el 21 de septiembre de 2025, la Decisión Administrativa 24/2025 aprobó una readecuación presupuestaria destinada a la Agencia Nacional de Discapacidad —dependiente del Ministerio de Salud de la Nación— para dar respuesta, a partir del 1º de octubre, al reclamo de actualización del nomenclador presentado por los prestadores del sistema de prestaciones básicas. Es decir: los fondos para aplicar los aumentos ya fueron asignados y se encuentran disponibles en la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin embargo, la actualización aún no se efectivizó por una decisión política, no por falta de recursos. Esta dilación no es un tecnicismo: es una elección que profundiza la precarización, pone en riesgo la continuidad de los servicios y vulnera derechos básicos de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan día a día”.
A través del documento, hicieron oír los principales reclamos: “Que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad a acceder a apoyos, tratamientos, educación y participación, se restituyan las pensiones suspendidas, se reconozca y se dignifique el trabajo de quienes cuidan, se genere transparencia en el uso de los fondos públicos y se asegure la continuidad de los servicios y la seguridad de las familias”.
