“No soy mezquino porque no quiero que ellos ganen más plata. Soy solidario, porque quiero que las personas con obra social tengan atención odontológica. La salud no es comercio. Es un servicio a la comunidad. El que no quiera atender porque no le parece bien lo que la obra social puede pagar, que no trabaje con ellas y punto”.
“No es el momento de exigir esos aranceles ni de la forma en que lo hacen”, dice el Dr. Brugo. Y opina que “en un punto son excesivos. Más de 20 mil pesos por un tratamiento de conducto, no hay muchas obras sociales que vayan a pagarlos”.
“Tendrán que quedar los decididos a trabajar con obras sociales y los otros que se vayan. Veremos cuántos quedan y cuántos se van”.
En otro tramo de la conversación, el funcionario cuestiona la encuesta que el Colegio de Odontólogos presentó en la reunión que mantuvieron en el despacho de la Ministra Sonia Velázquez. “No había sido anónima, cuando debe serlo. De los 1.500 odontólogos que tenemos contabilizados en la provincia (según ellos 1.200), dicen que 700 no estaban dispuestos a sentarse a hablar por los aranceles que se les proponían; no llegan al 50%”.
Además, comenta que “en esa reunión el Iosper les pidió que dejen de sancionar a los odontólogos que querían sentarse a hacer contratos individuales”. Y en este punto señala que la sanción propuesta es “quitarles la matrícula”.
El “superávit” de las obras sociales
Tampoco las obras sociales fueron ajenas a la crítica del director de Odontología del Ministerio de Salud.“Se han abusado. Con la pandemia ahorraron un montón de plata; no solo con odontología, sino con todo. Por ejemplo se dejaron de hacer cirugías muy importantes. Todas hicieron caja, el IOSPER dijo que tuvo superávit; una obra social solidaria debe tener déficit, no le puede sobrar dinero. Así que también son responsables, podrían haber mejorado las cosas”.
Brugo es optimista en que “se reanudarán los contratos”. Sin embargo, está convencido de que el conflicto “no va a solucionarse de un día para el otro. Hay que dejar que transcurran unos días. Los insto a sentarse a charlar y llegar a un acuerdo”.
“La cuestión jurídica de fondo todavía no se ha resuelto. Por el momento, el gobierno vetó estas dos reglamentaciones del Colegio de Odontólogos: regular honorarios, por un lado; y perseguir para sancionar a los colegas que se ajustaban a trabajar igual con las obras sociales sin respetar sus aranceles mínimos, por el otro”.
“Pienso que lo que pasó fue bueno, el gobierno tomó cartas en el asunto. Puso un límite. Después no va a poder obligarlos a trabajar con obras sociales”.
Demanda
“Por supuesto que la demanda aumentó, pero la estamos cubriendo”, dice el responsable del área al ser consultado por la atención odontológica en hospitales estatales.“En este zarandeo la gente se ha ido estabilizando. Hay quienes decidieron hacer el esfuerzo y pagar en los consultorios. Por supuesto hay otros a los que no les alcanza, y a esos los hemos incorporado”.
De cualquier forma, dice que “sería un sueño” que se realicen todas las prestaciones odontológicas en los centros de salud de la provincia, reconociendo que muchos tratamientos requieren sí o sí llevarse a cabo en el ámbito privado.
