Una de sus principales conclusiones es que el costo de la formalización representa “solo del 1,3% del precio de la fruta en góndola”, a partir de lo cual sostiene que “al haberse generalizado la informalidad laborar, no mejora la competitividad de los productores, sino la de los supermercados que son los formadores de precios” y que, en ese entendimiento, esa informalidad “afecta seriamente la eficiencia del mercado de trabajo, la calidad de vida y seguridad social de miles de familias de la región”.
Ante la informalidad planteada, “es obvio que algunos productores y contratistas hayan tenido grandes ventajas competitivas, pero al generalizarse a cerca del 100% de la mano de obra cosechera, la única ventaja la obtienen los supermercados, que son los formadores de precios, dado que hace ya tiempo que vienen pagando la fruta al productor sin los costos de la formalización laboral”, asegura Asueta.
En otras palabras, “perjudicamos al trabajador de nuestra región para beneficiar a las cadenas de los supermercados”, reza una de las definiciones más resonantes de este informe, centrado en una de las principales economías regionales de la costa del Uruguay. En este contexto, el dirigente alertó sobre “la grave situación de miles de familias de nuestra región que carecen de un ingreso digno, de condiciones laborales y seguridad social, de capacidad de ahorro y un sentido de progreso”: “Hemos perdido la cultura del trabajo por la cultura de la changa, la superviviencia, la conflictividad social y las adicciones. Se trata de miles de familias de no pueden comprar suelo donde vivir ni alquilar, no pueden abonar obras de servicios y carecen de obra social, ART y todo tipo de coberturas”.
Otra parte en su trabajo asevera que la afectación al trabajador citrícola en beneficio de los supermercados “no es inocua para los productores”. A ello, lo fundamenta de la siguiente manera: “De este modo, se resiente el sistema productivo en general”, dado que con mano de obra informal y precarizada se hace imposible contar con mano de obra sana y dispuesta íntegramente al trabajo, es imposible capacitar la mano de obra, es imposible tener un esquema de presentismo que la planificación de período de cosecha en tiempo y la forma que corresponde, afectando todo ello a la competitividad del sector productivo y a su sostenibilidad”.
En relación al sector exportador y el sector de las jugueras y derivados, los análisis realizados por Asueta “nos dan cuenta que también en este ámbito es el mercado el que puede y debe absorber el costo de la formalización laboral que, repito, es de $2,5 por kilo, es decir un 1,3% del precio de la fruta en góndola, un valor totalmente marginal”. No obstante, admite que el sector exportador de fruta fresca “es muy fluctuante” y que, por esa razón, “hay que estar muy atentos para garantizar su sostenibilidad, pero no a través de la informalidad laboral, sino a través de mecanismos como la liquidación de divisas a tipos de cambio diferencial o de exenciones fiscales”.
El estudio concluye diciendo que “están dadas todas las condiciones para promover un blanqueo real y no figurativo, porque muchas vez el trabajador está en blanco, pero solo le computan menos días de los trabajados realmente, pero este proceso debe ser integrar, apuntando a formalizar el 100% del empleo del sector, para evitar que se generen ganancias extraordinarias a través del incumplimiento de la ley, es decir que una política de estas características se debe articular con la vecina provincia de Corrientes, y a la vez este proceso debe ir acompañado del saneamiento del Sindicato de Empleados de la Fruta, para que sus autoridades y el sistema de elección se ajusten a la ley que los rige, como asimismo para desterrar los vicios que el avance de la informalidad ha enquistado en el funcionamiento sindical”.
