La batalla judicial
Luis Erro deberá continuar batallando en la Justicia contra la causa del robo de energía por la que fue condenado en 2016 y absuelto recientemente, en abril de 2019, tras llegar hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).Luego de esa resolución de la Sala Penal, la Procuración apeló el fallo del 9 de abril del máximo tribunal provincial que absolvió al exintendente. Lo hizo a través de un recurso extraoridinario federal con el que se pretende que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de una de las causas más insólitas en la provincia. Se originó en 2009 y surgió a raíz de una denuncia que señaló que Erro y otros funcionarios pusieron a disposición un medidor de luz, pagado con recursos de las arcas del Municipio, para una reunión de mujeres en el Partido Justicialista local. En el expediente, se comprobó que el uso particular del medidor de luz significó un consumo eléctrico menor, tasado en $101,99.
En 2016, Erro y Alfredo Domingo Dellagiustina, exsecretario de Obras Públicas de Gualeguay, fueron condenados a dos años y tres meses de prisión condicional más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El 22 de agosto de 2017, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena. Recién este año la sentencia fue revocada por la Sala Penal del STJ.
Ahora, la sentencia fue apelada por la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, y esa decisión generó el rechazo de Erro, que apuntó más arriba: al Procurador General Jorge Amilcar García. Consultado al respecto en el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, dijo:
Lo que dijo de García y Goyeneche
“Seguramente es una posibilidad que tiene el fiscal García de eludir su responsabilidad porque esta causa le ha costado al Estado $10 millones en 10 años. $10 millones se han gastado en sueldos, peritos, idas y vueltas, por una causa que de consumo tiene $7 y todo lo demás son cargos hasta $101. Ese es el perjuicio al Estado por haberle dado un medidor a una asociación civil sin fines de lucro, como es la asociación de mujeres, o si ellos quieren decir el partido político. No es colgarse de la luz para beneficio personal o para beneficiar a un particular”, reiteró.“Lo que estar haciendo el fiscal (Jorge) García, a través de esta apelación de la fiscal Goyeneche, es eludir su responsabilidad patrimonial en la causas. No se le puede hacer este daño tan grande al Estado, pero estamos acostumbrados”, dijo el dirigente peronista. Según sus cálculos, en la década que lleva esa causa tramitándose en la Justicia le ha costado a las arcas del Estado unos $10 millones.
“Persecución política” y la llega de Alberto Fernández
Erro calificó a la causa como una “persecución política” que al principio le llamó la atención pero que “tiene su correlato en amigos de la política del fiscal García que encubre en algunos sentidos a políticos que cuando se le hacen una causa porque son amigos del fiscal no pasa nada”.En su consideración más dura respecto del Procurador García, dijo que al no denunciar a supuestos “amigos” de la política, el jefe de los fiscales incurriría, a su criterio, en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El dirigente gualeyo aseguró que García es un “intocable” en el Poder Judicial, ya que “cuando se intenta denunciarlo parece que es una cuestión prohibida en la provincia”. En ese sentido, refirió que su hermano, Gregorio Erro, denunció al jefe de fiscales por la causa de la desaparición del empresario Omar Benvenuto, en la que fue involucrado con “prueba falsa” pero que las actuaciones fueron archivadas.
Consultado si un cambio de gobierno a nivel nacional cambiaría el panorama en el Poder Judicial, Erro sostuvo que se creará un nuevo escenario “mucho más transparente en la Justicia”.
“La llegada de Alberto Fernández va a hacer que la justicia gane en transparencia”, consideró.
Cuestionó, finalmente, las causas que se le abrieron en su contra y apuntó nuevamente a la Procuración: “De todas las causas que tengo, en la única que fue por dinero es la del medidor. Todas las otras son cuestiones administrativas. En ninguna hay daño al Estado. Con mis abogados estamos estudiando si cabe la cuestión patrimonial para el Procurador y cada uno del Ministerio Fiscal que ha obrado con estas maniobras que son por cuestiones políticas”, afirmó.
