Según indicó Dumón, “hemos tenido juicios o debates públicos y también juicios abreviados. Obviamente las investigaciones por parte de la Fiscalía en las etapas previas a esos plenarios han seguido adelante y hoy hay mucha repercusión en los medios en las causas de narcomenudeo desde que la ley nos habilita con toda la competencia que antiguamente no tenía la Justicia provincial para la investigación de este tipo de delitos”.
Asimismo, el Magistrado precisó que “el Poder Judicial de Entre Ríos se ha hecho cargo de la cuestión presupuestaria, no obstante que la ley nacional preveía que, al adherir una provincia a dicha normativa y asumir la competencia el Estado Nacional debía transferir fondos o partidas para la adaptación o adecuación de sus sistemas judiciales para la persecución de estos delitos. Esto no ha sucedido y el Poder Judicial con los mismos recursos que tenía antes de la sanción de la ley hoy tiene una competencia mucho más amplia, con una respuesta más rápida que la que había antes, tanto en las investigaciones como en el juzgamiento de esta clase de hechos”.
Dumón apuntó que “hay una realidad respecto al narcomenudeo: es un delito muy complejo y la gente que se queja mucho en los medios o en las redes sociales, pero cuando tiene que venir a declarar o a hacer una denuncia sobre hechos que conoce no está dispuesta a hacerlo, quizá por posibles represalias. El mensaje a la ciudadanía es que deben confiar en el Poder Judicial local, en las Fuerzas de Seguridad y hagan las denuncias porque hay mecanismos de protección de testigos para que quienes denuncian no corran riesgos. Incluso se pueden hacer denuncias telefónicas y anónimas a las Fuerzas de Seguridad sobre esta clase de delitos”.
Al respecto, agregó: “lo que es muy cierto es que necesitamos de la colaboración de los ciudadanos en algún momento del proceso, deben testimoniar, porque no podemos condenar a nadie por mera intuición sino que debemos contar con pruebas que nos den la certeza para poder llegar a una sentencia condenatoria”.
Al ser consultado sobre la existencia de presuntas demoras por parte de los Jueces de Garantía en el libramiento de órdenes de allanamiento, Dumón manifestó que “es una leyenda urbana. Si un Juez no despacha una orden de allanamiento en el plazo que establece el Código puede ser sometido a Jury de Enjuiciamiento por incumplimiento de sus funciones. Tampoco conozco que ningún Juez incurra en demoras infundadas para librar una orden de allanamiento. No conozco en la ciudad de Gualeguaychú que esto esté ocurriendo con ningún Juez de Garantías y que ninguno se haya expedido, ya sea por la positiva o por la negativa a conceder un allanamiento que pida la Fiscalía”.
En tal sentido, el magistrado expresó que “tampoco se trata de que la orden de allanamiento sea una decisión antojadiza de un funcionario, tiene que tener elementos probatorios que determinen un estado de sospecha tal que le permita a un Juez violentar una garantía constitucional como es la inviolabilidad del domicilio habilitando el ingreso legal a través de un allanamiento”.
