Cargnel, según la Fiscalía, era la armadora de un esquema de retornos del que participaban las empresas Hugo Montañana y Jesús Bustamente: para conseguir estar en el circuito de empresas beneficiadas con las pautas del Estado entrerriano, era preciso pagar coimas a las firmas que se atribuyen al cuñado Aguilera.
En el alegato de apertura del megajuicio, el 27 de septiembre, la hoy suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche detalló de qué modo se operó con las publicidades estáticas en vía pública para beneficiar a dos empresas que adjudicó al cuñado de Urribarri, Tep SRL y Next SRL, y de qué modo actuaban en forma “cartelizada” con las firmas Fernando Montañana y Jesús Bustamante para la distribución de las pautas publicitarias, en maniobras delictivas “en continuado” entre 2010 y 2015.
En esas maniobras de cartelización, se habría sustraído del erario público la suma de $21,5 millones, que dolarizada al valor de entonces representaba 3.250.000 dólares.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de más de $20 millones a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”.
Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Goyeneche mencionó a Aguilera como «el dueño de las empresas». Al respecto, apuntó: «Vamos a demostrar que las contrataciones con Next y Tep fueron posibles durante esos cinco años, y pudieron escapar el control de los organismos de control porque se mantuvo oculta para los organismos de control un aspecto central, la identidad del verdadero dueño de estas empresas. Lo que permitió sortear el filtro de los controles fue el hecho de que Báez, como ministro, y Urribarri, como gobernador decidían discrecionalmente qué empresas contratar. Y siempre eran Tep, Next, Montañana y Bustamante Las dos primeras, manejadas desde las sombras por Juan Pablo Aguilera. Montañana y Bustamante, con acuerdos espúreos de cartelización con Aguilera, Tep y Next, creadas en 2009 para centralizar las contrataciones. Pero ambas eran una misma empresa. Su dueño era Juan Pablo aguilera, que de ninguna manera podía aparecer explícitamente como tal. De haber aparecido hubieran impedido el negocio ilícito. Aguilera era funcionario público en la la Cámara de Senadores. Y por otro lado, porque además de ello era cuñado del gobernador de entonces. La ambición de Aguilera por acaparar la publicidad oficial hizo que tuviera intereses no solo en estas empresas, sino en todas las que tenían cierta competitividad en las licitaciones de publicidad».
La fiscal habló de maniobras de Urribarri y de Báez para «desviar» fondos a favor de las empresas del cuñado Aguilera, y de las firmas de Montañana y de Bustamante, «con las que Aguilera había realizado aquel acuerdo de cartelización. Las tres empresas Tep y Nex eran una única firma, absorbieron toda la publicidad estática en vía pública. Y actuaban bajo la ficción de un reparto de publicidad».
El mecanismo fue aceitado con la decisión de «ordinarizar» las contrataciones. Así, especificó Goyenehche, la contratación directa fue la regla. De las 142 contrataciones imputadas como irregulares, todas fueron discrecionalmente definidas por estos dos funcionarios. Transformaron exprofeso la excepción establecida en la contratación de publicidad en algo habitual. Cada una de estas contrataciones ilícitas implicaron también implicaban sustracción de dineros públicos, por el direccionamiento y el retorno del dinero».
En ese marco, apuntó, «prestó colaboración relevante el imputado Gustavo Tamay, que era responsable de certificar la publicidad en la vía pública». En ese sentido, sostuvo que Tamay «expidió falsas certificaciones que daban cuenta de la realización de la publicidad contratada, cuando en realidad las publicidades no estaban realizadas o estaban sustituidas para un fin individual. Es por estas falsificaciones que en la opinión publica esta causa se la conoce con el nombre de la ‘causa de la vaca’».
Después, apuntó contra los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, a los que sindicó como «prestanombres» para las empresas de Aguilera, y a la contadora de las firmas Tep SRL y Next SRL, Corina Cargnel, «responsable de obtener los reintegros de lo que cobraban las empresas cartelizadas. La contadora era tan consciente de la ilicitud de este hecho que el día de los allanamientos, el 1° de agosto de 2016, en las oficinas de Racedo al 400, arrojó por el ventiluz de uno de los baños, un disco rígido. No se imaginó que la vecina de la casa lindera, convocó al personal policial y a los fiscales, y permitió el secuestro de ese disco rígido. Una vez que se abrió, se descubrió por qué lo arrojó. Era la caja negra de las maniobras ilícitas para la sustracción de dineros públicos».
Los datos que salpican a la contadora Cargnel estarían contenidos en un disco rígido que se encontró en una casa contigua a la sede de Formato Urbano, el nombre de fantasía de las empresas Tep SRL y Next SRL, que funciona en Racedo 450.
Teresa Pot, una empleada doméstica que trabaja en la casa de una docente jubilada que habita en una vivienda ubicada en calle Irigoyen al 800, contiguo a los galpones de Tep SRL, declaró el 12 de octubre último.
La mujer, mientras hacía la limpieza de la casa, halló un adminículo que primero pensó que se trataba de un juguete, y con esa idea se la entregó a la dueña de casa. La propietaria de la vivienda, al enterarse que aquel 1° de agosto de 2016 se realizaba un allanamiento a los vecinos, acudió a la Policía y dijo que tenía algo para entregar.
“Era una cajita negra”, alcanzó a describir la empleada.
