“La Ley Nacional de Educación establece las formas específicas para aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. Las condiciones de regularidad indicarán el proceso de inscripción, que es público. Cuando el fiscal nos solicita información, nosotros la brindamos. Y cuando nos solicite algún otro condicionamiento, lo atenderemos”, indicó el académico.
La carrera de abogacía en la UCU tiene dos modalidades de cursado: “una es presencial con promoción con o sin examen y la otra es la de alumno libre. En los casos excepcionales de privación de la libertad, con alojamiento en un establecimiento carcelario, se prevén ambas modalidades y la docencia y la evaluación se realiza en la institución penitenciaria, siempre con la autorización del juez de Garantías”, esclareció Sauret, luego que trascendieran las intenciones de la joven de rendir exámenes en el próximo turno y retomar sus estudios.
“Respetaremos las normas. La universidad no juzga las conductas. No somos jueces, somos educadores”, dijo el rector, antes de apuntar que también el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, es egresado de la UCU. “En los extremos del proceso penal, la universidad vive este proceso con interés y preocupación. En el marco de este caso, que es sin dudas conmovedor, mis palabras son de respeto y condolencias a las familias afectadas y a la sociedad en general”, expresó Sauret.
