La acción judicial, que tramitó en la Cámara Civil y Comercial, Sala III, fue interpuesta por la Fundación Cauce y Agmer contra el gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF, por la extracción de recursos registrada en Islas del Ibicuy.
Durante el encuentro, quienes concurrieron en representación de la ciudadanía consultaron cuáles serán las políticas y planes a implementar, una vez conocidos los resultados del estudio elaborado con colaboración de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, instaron a las autoridades provinciales y municipales que asuman un “verdadero control” sobre la cantidad de arenas silíceas que se extrae en la provincia.
Quienes estuvieron presentes valoraron como positivo el encuentro y la predisposición manifestada por las nuevas autoridades, quienes se comprometieron a entablar un diálogo activo para diseñar estrategias para mejorar la conservación del bien natural, del ecosistema en general y de la salud de la población.
Esta instancia “nos permitió acceder a ciertas particularidades del EIAA en presencia del equipo que lo llevó adelante y conocer la voluntad de autoridades para tratar en conjunto temas que le competen, a partir de las recomendaciones y en el diálogo con la sociedad civil”, manifestó la directora ejecutiva de la ONG, Valeria Enderle.
“Oportunamente, haremos las consideraciones necesarias en el expediente judicial, dado que recién tuvimos certeza de algunas cuestiones a partir de esta reunión, como por ejemplo el origen de los datos que dan lugar a las estimaciones que hacen los investigadores en el EIAA, provistos directamente por las empresas a través de declaraciones juradas y sin ningún tipo de control por parte del Estado”, anticipó.
