A poco de iniciarse el ciclo lectivo 2022, un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca conocer los indicadores que dejaron los dos últimos años en materia educativa a nivel provincial, en un contexto de virtualidad y presencialidad intermitente por la pandemia de COVID-19.
“Indicadores sobre la situación educativa en la provincia de Entre Ríos”, requiere el pedido de informes que deberán responder desde el Poder Ejecutivo, “especialmente en lo relacionado con el abandono y/o deserción escolar”, lo cual contempla los distintos niveles educativos, de marzo de 2020 a diciembre de 2021.
“La gestión de la pandemia en materia educativa a nivel nacional y provincial ha abandonado a su suerte a miles de niños y adolescentes con un costo presente y futuro difícil de dimensionar, producto de la falta de datos de calidad que nos permitan conocer y evaluar el real alcance de esta tragedia”, sostiene el diputado provincial Eduardo Solari (Juntos por el Cambio), autor de la iniciativa.
“Sobre todo en Entre Ríos -puntualizó-, la pandemia ha venido a profundizar problemas ya existentes como las altas tasas de repitencia, de abandono escolar y de deserción del sistema educativo, que siguen sin ser debidamente abordados por las políticas públicas en la materia”.
En efecto, el legislador radical pidió acceder a “políticas, programas y proyectos” que el gobierno de Entre Ríos esté llevando adelante en la actualidad “para revertir el abandono y/o deserción escolar provocado por la pandemia y sus resultados expresados en indicadores cuantitativos sobre su efectiva implementación”.
Ante el inminente comienzo de clases presenciales -aún con protocolos sanitarios-, el pedido de informes adhiere a una requisitoria realizada por “Padres Organizados”, semanas atrás: “Información que dé cuenta de la evidencia científica y técnica que justifica sostener el uso de barbijos/ tapabocas en todos los niveles escolares de la provincia de Entre Ríos” y “los fundamentos de dicha decisión en el ámbito de la provincia de Entre Ríos”.
“Con el avance de la campaña de vacunación y en un contexto en que el resto de las actividades económicas y sociales han retornado prácticamente a la normalidad, no se pueden seguir sosteniendo protocolos y excepciones que atenten contra el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes”, opinó Solari.
