En ese orden, recomendó que debe promoverse “la duración temporal de los cargos en las procuraciones o fiscalías generales, para terminar con los inaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política”.
La entidad, que tuvo una activa participación en la formulación del juicio por jurados en la provincia, señaló que “la afectación a la autonomía de los ministerios públicos de Santa Fe y Entre Ríos de los últimos meses deben ser un llamado de atención a nivel nacional”. Y agregó: “La persecución política a fiscales y fiscalas que cumplen con su deber de investigar crímenes complejos y sensibles para el poder de turno se ha vuelto moneda corriente de nuestro país”.
“Es necesario –acotó– denunciar estas situaciones y replantear la institucionalidad de los ministerios públicos provinciales para garantizar la eficacia en la persecución penal de los crímenes más dañinos para nuestra sociedad. El primer e ineludible paso es poner fin a los mandatos vitalicios en las fiscalías o procuradurías generales”, afirmó el instituto en un documento dado a conocer en las últimas horas.
Tras mencionar los casos de ataques a fiscales en otras partes del continente, el Inecip sostuvo: “La situación de Santa Fe, que trasciende a distintos partidos políticos, cobró notoriedad incluso a nivel regional. Este año, por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó, a solicitud de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación santafesino, una audiencia temática para analizar la situación de las fiscalías locales de nuestro país”.
También apuntó, sin nombrarla, a la remoción de Cecilia Goyeneche de su cargo en el Ministerio Fiscal de Entre Ríos. “Más recientemente, el desplazamiento de una fiscal de Entre Ríos es el último capítulo de una serie de eventos de larga data”, deslizó el comunicado.
“Esos hechos deben ser denunciados con firmeza y se debe apoyar a quienes son perseguidos y luchar para que su valioso trabajo no sea revertido”, expresó el centro de estudios. “Pero también es necesario –contrastó– discutir seriamente los mecanismos necesarios para prevenir y repeler esos ataques a la autonomía, no como un derecho individual de los y las fiscales, sino como un derecho de la sociedad a tener un sistema de justicia eficaz”.
“Entre otros aspectos, debe promoverse la duración temporal de los cargos en las procuraciones o fiscalías generales, para terminar con los inaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política”, propuso.
En Entre Ríos, la Constitución provincial de 2008 estableció que el Ministerio Público Fiscal tendría autonomía funcional en el Poder Judicial para ejercer la acción penal pública y conducir las investigaciones. En uno de los últimos artículos, la Carta Magna estableció que todos los funcionarios letrados de la Justicia son “inamovibles mientras dure su buena conducta”.
Sin embargo, el actual titular del organismo, Jorge Amilcar Luciano García accedió al cargo antes de la sanción de la nueva Constitución. Fue promovido al cargo por el ex gobernador Jorge Busti en septiembre de 2007 y su pliego obtuvo la aprobación en diciembre de ese año. Su designación, en rigor, fue como fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia. Pese a la modificación del rango del organismo, siguió al frente.
El Inecip alentó que los mecanismos de designación de esas autoridades “deben transparentarse y democratizarse. Además, los procesos disciplinarios de sanción y remoción de fiscales deben adecuarse a los estándares internacionales, para que dejen de ser mecanismos de persecución arbitraria o protección injusta, y se conviertan en instancias eficaces de control. Y las máximas autoridades de los ministerios públicos deben asignar todos los recursos necesarios y respaldar a las fiscalías que estén realizando investigaciones de alto impacto o enfrentándose a casos de criminalidad organizada”.
“Nadie puede hacerse el desentendido. Tenemos la oportunidad de discutir seriamente qué Ministerios Públicos Fiscales pretendemos: si queremos organismos burocráticos que a duras penas logren perseguir delitos menores, o si vamos a lograr que se conviertan en fieles representantes de los intereses generales de la sociedad, incidiendo eficazmente en el control de la criminalidad, le pese a quien le pese”, concluyó el escrito.
