El ex intendente debía estar en persona este martes para los alegatos. Es que en esta etapa del juicio, un paso ineludible es otorgarle a los imputados la posibilidad de pronunciar las últimas palabras. Pese a eso, Varisco no pudo asistir a los tribunales locales debido a cuestiones de salud física, psicológica y psiquiátrica, según especificaron sus abogados. La recomendación médica, según se dijo en audiencia, que el ex presidente comunal debe evitar cualquier tipo de estrés para reducir las posibilidades de una dolencia cardiopática.
El tribunal compuesto por Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo, resolvió volver a constituirse mañana miércoles a las 10, para otorgar la posibilidad de las últimas palabras a Varisco. En principio harán una comunicación por videoconferencia y, de ser necesario, se constituirán en la quinta dónde está el ex intendente.
Acusación formal
Las fiscales Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche desarrollaron su alegato acusatorio en dos horas y media aproximadamente. Remarcaron que la cuestión central de la operatoria que investigaron (el adelanto frustrado de 1 millón y medio entre enero y febrero de 2016 a la Mutual Modelo), giró en torno a la licitud o ilicitud de la maniobra.Además de la falta de seguro de caución para otorgar el crédito a la entidad, las fiscales marcaron que las dos solicitudes de Miguel Picazzo a la Municipalidad, no tuvieron “fundamento”. “Los convenios del municipio con la Mutual hablan de la necesidad de paliar la situación financiera y de las proyecciones de 2016, pero ninguno de esos argumentos fue esgrimido por Picazzo en los pedidos. No se conocían las proyecciones económicas de la Mutual ese año y tampoco se presentó ningún informe que diera cuenta de la crisis financiera que supuestamente atravesaba la mutual. Entonces son argumentos falsos. No sabemos por qué Varisco quería compensar a Picazzo”.
“El anticipo financiero no estaba motivado. Nosotros no encontramos normativa que encuadre esta maniobra, por lo cual no puede considerarse una operatoria lícita”, sintetizaron y acotaron: “Picazzo quería tener ese dinero de manera rápida, sencilla, sin que le genere costo. Quería obtener 1 millón y medio sin interés. Pero los empleados municipales que pedían préstamos a la mutual sí debían pagar intereses del 40%. Picazzo iba a invertir esa plata en prestarle a los empleados, a quienes se les iban a cobrar intereses del 40%”.
Para las fiscales, el presidente de la Mutual Modelo pidió ese préstamo a la Municipalidad porque un banco hubiese gravando un alto porcentaje de intereses. Hablaron de la “celeridad” que le imprimieron a los trámites administrativos para que saliera el préstamo y repasaron los testimonios producidos en el debate. “Los funcionarios temían que la Mutual no devolviera el dinero. Ese fue un pedido inviable”.
En cuanto al rol de Walter Rolandelli, quien formuló un dictamen referente a la legalidad del préstamo, las fiscales marcaron que el contador general municipal, Eduardo Campdesuñé emitió la orden de pago basada en la opinión de Rolandelli. “Sin dudas que lo determinado por rolandelli fue necesario para que Campdesuñé emita la orden de pago”.
Hablaron también de “connivencia” entre Rolandelli, Varisco y Picazzo. Y remarcaron que como no pudieron lograr el cometido con el primer trámite, iniciaron un segundo expediente. Recordaron que los dos legajos tuvieron un tratamiento expeditivo, que el segundo no intentó salvar los errores del primero, y preguntaron por qué no se intentaron enmendar los errores en el primero sin impulsar un segundo expediente. Las fiscales también dijeron que el primer expediente llevaba la firma de la concejal con mandato cumplido, María Marta Zuiani, no con el objetivo de evitar el pago de un sellado en Mesa de Entradas sino de darle otra impronta al trámite. “El segundo expediente no lleva la firma de Zuiani y tampoco pagó el sellado de Mesa de Entradas”, se precisó.
En referencia a los adelantos financieros a mutuales en gestiones anteriores, las fiscales consideraron que la situación investigada es completamente distinta. Indicaron que los préstamos de años anteriores a 2016 tuvieron motivos.
“Este hecho que trajimos a juicio no supera el primer control de legalidad. Ninguna norma ampara que el titular de un municipio pueda dar crédito a ninguna entidad, ni por sí, ni autorizado por nadie. Toda afectación de patrimonio público, requiere previa autorización de orden legislativo. Más allá del quebrantamiento de legalidad, también es ficticio todo lo que aparenta justificar esta operación. No se planteó motivo, los motivos que surgieron a posteriori no se pueden cotejar con nada, y encima son falsos. Destaco entonces que este hecho tiene características de negociaciones incompatibles, fraude y peculado”, precisaron.
Por último, indicaron que los tres imputados “actuaron por fuera de marco administrativo de legalidad y con fin de autorizar el pago a la Mutual Modelo sin consentimiento legislativo. Todas cuestiones hacen a gravedad de injusto”.
