Prisión preventiva, hasta que la condena quede firme
López cumplía prisión preventiva en la Unidad Penal de Gualeguaychú por haber amenazado a sus hijas antes del inicio del juicio. “Tengo ocho balas, una para cada uno de mi familia”, les habría dicho, cuando se enteró de la denuncia.El hombre permanecerá con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.
La causa
La causa, caratulada “López Juan Ariel s/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, tuvo pedido de elevación a juicio en agosto de 2018 y, menos de un año después, cerró con la condena en primera instancia.En instrucción, el fiscal de la investigación penal preparatoria, Rodrigo Molina, planteó: “Reconstruyendo los acontecimientos investigados en el presente legajo, a través de las probanzas ya detalladas, surge que el acusado abusó sexualmente en forma reiterada de su hija, de 21 años de edad en la actualidad, aprovechando el aquí incurso que al momento de los hechos era encargado de la guarda y educación de la víctima. Ocurriendo el primer abuso cuando la víctima estaba por cumplir 15 de edad”.
Y agregó: “Asimismo, surge que el incurso abusó sexualmente de su otra hija, de 22 años de edad en la actualidad, aprovechando el aquí incurso que al momento del hecho era encargado de la guarda y educación de la víctima, ocurriendo el primer hecho abusivo cuando la víctima contaba con 15 años de edad aproximadamente”.
A ambas las amedrentaba con la misma amenaza para que no contasen nada: “Una vez consumados los hechos abusivos, procedía a amenazarla manifestándole que si contaba algo de lo ocurrido, sus hermanos se quedarían sin comer y que la iban a odiar, también señalando la víctima que los abusos se repetían casi todos los días, en cualquier momento del día”.
La fiscalía
El fiscal Jorge Gamal Taleb, que llevó adelante la acusación, había solicitado una pena altísima para el policía López: 30 años de cárcel.“Este es uno de los casos más aberrantes que tramitamos en Gualeguay. No sólo por la extensión del daño causado a las víctimas –hay hechos imputados desde 2012 en adelante– sino también por el contexto de coacciones y de amenazas permanentes a las víctimas y por la modalidad de comisión de los hechos. Nosotros pedimos una pena de 30 años convencidos de que es una pena adecuada a lo que pasó. Sabemos que es muy difícil reparar el daño causado y ninguna condena puede repararlo, pero tiene un sentido reparador”, señaló Taleb.
El acusador público ponderó el trabajo en la investigación penal preparatoria que llevó adelante el fiscal Rodrigo Molina, de Nogoyá, que consiguió generar confianza en las víctimas. “Hay que tener en cuenta que es difícil lograr confianza en las víctimas para que puedan llevar adelante una acusación contra su propio padre”, planteó. Dijo Taleb que los hechos se extendieron en el tiempo, a partir de 2012 en adelante.
