El acuerdo
El acuerdo se consiguió en el marco de la demanda por daños y perjuicios en el que se acumularon dos expedientes: uno que tenía como demandado a Gioria, ya que siendo funcionario emitió dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la empresa, y el segundo que contenía el reclamo de la Provincia contra la empresa, peticionando la devolución de esa suma más intereses.A través del decreto Nº 180, fechado el 8 de junio, y publicado en el Boletín Oficial de este martes 24 de agosto, el Gobierno autorizó a la Fiscalía de Estado a firmar un acuerdo transaccional en el que la firma holandesa abonó la suma de $ 1.250.000.
Ese monto, según explicó la dependencia a cargo de Julio Rodríguez Signes, “comprende el capital histórico de la deuda reclamada más los intereses legales devengados a razón de la tasa de aplicación judicial que se podría obtener en caso de prosperar la demanda (TABNA) desde la constitución en mora del deudor”.
Fin del reclamo judicial
Al aceptar el pago de dicho dinero, la Provincia se comprometió a desistir del reclamo judicial, manifestando que nada más tiene que reclamar a la empresa Fokker, sus sociedades vinculadas y demás autoridades. El proceso tramitaba en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Paraná, a cargo del juez Juan Carlos Coglionese, bajo la carátula “Provincia de Entre Ríos C/ Fokker Services B.V. s/ Ordinario”, expediente N° 16063. Allí también se tramitó la causa bajo el número de legajo 9.666, caratulada “Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Gioria Gustavo A.S/ Ordinario”.
La unificación de los legajos fue resuelta el 29 de mayo de 2019 por la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Paraná. El 25 de noviembre del año pasado el juez Coglionese aceptó la acumulación.
El exfuncionario estuvo al frente de la Tesorería General de la Provincia durante más de una década: desde 2005, durante la última gestión de Jorge Pedro Busti, hasta 2014, en el segundo período de Sergio Urribarri. Surgió del riñón del exfuncionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti.
Qué sucedió con los pagos a la firma holandesa
Según el decreto que autoriza el acuerdo transaccional, en 2000 la Provincia, por medio de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER SA), aprobó la contratación directa –a través del decreto Nº 5093/00- para que Fokker Services B.V, realice la revisión de la aeronave Fokkerf aeronaves de la Presidencia de la Nación, adquirida por el Gobierno provincial mediante decreto N° 4322/00.Por esa tarea, el 9 de noviembre de 2000 se aprobó pagarle a la firma la suma de $ 1.904.965. Para ello se efectivizaron dos pagos parciales: uno por $ 172.289,46 y otro por $ 673.583,53, quedando pendiente un saldo equivalente a $ 399.668,96.
Sin embargo, ese monto fue modificado “atento a que surgieron mayores erogaciones derivadas de diferencias respecto de los valores originalmente presupuestados en la contratación celebrada y aprobada, así como la incorporación de nuevos elementos no previstos”. Así, la contratación inicial fue reformulada en 2001 mediante la firma de un Convenio titulado: “Enmiendas a los servicios de mantenimiento del avión no recurrente Fokker Services B.V.”, por el cual se convino entre partes que la única deuda mantenida entre la Provincia y la empresa ascendía a 2.718.347.61 de euros (U$S 2.419.340). En dicho contrato se asentó que el importe acordado incluía el saldo de la deuda original de $ 399.668,96.
No obstante, estando vigente el convenio, los abogados de la firma iniciaron un reclamo administrativo que tramitó bajo expediente N° 576337, intimando el pago de la suma antes mencionada – $ 399.668,96- y en el marco de dicho trámite desde la Tesorería General de la Provincia se autorizaron los siguientes desembolsos: en fecha 24 de mayo de 2005, mediante la emisión del cheque N° 1923021 “No a la orden” y “Para acreditar en cuenta”, por la suma de $ 200.000; y en fecha 17 de junio de 2005, mediante la emisión del cheque N° 1923022 “No a la orden” y “Para acreditar en cuenta”, por la suma $ 199.668,96.
El funcionario que autorizó dichos pagos era Gusatvo Gioria, quien hoy se encuentra imputado por delitos contra la Administración Pública por haber participado (según la acusación de Fiscalía) en la mega estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), mediante la compensación truchas de impuestos.
Más adelante, el pago indebido fue advertido por el Ministerio de Economía y por el Tribunal de Cuentas, por lo que la Fiscalía de Estado de la Provincia promovió una acción judicial contra la empresa para que devuelva el dinero que percibió indebidamente, con más intereses legales.
Tras años de proceso judicial, finalmente los apoderados de la compañía presentaron ante la Fiscalía de Estado una propuesta transaccional, en la cual ofrecieron abonar $ 1.250.000. Así las cosas, el gobierno aceptó dicha suma y puso fin al reclamo en sede judicial.
