“Que la Ley Micaela se aplique”
Marcelo Haddad, presidente del Partido Socialista entrerriano, manifestó: “frente al conflicto público en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, donde la Vocal Susana Medina de Rizzo denunció al ex Presidente del STJ, Emilio Castrillón, por violencia de género, mediante mensajes de Whatsapp, con cuestionamientos hacia su trabajo, que ella entiende que sólo se manifiestan por su condición de mujer, que no son tratos ni cuestionamientos que hayan recibido jamás sus pares varones”. “En la Justicia, ámbito que debería dar el ejemplo en este sentido, aún siguen vigentes las prácticas autoritarias y violentas hacia las mujeres”, lamentó el dirigente en el comunicado recibido por El Entre Ríos y planteó que “es urgente que la Ley Micaela se aplique en todos los organismos del Estado y en sus distintas escalas”.
Interpuesta la denuncia ante el procurador General del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, se deriva la causa a la Fiscalía de Género y el Juez de Garantías, Mauricio Mayer, impone una sanción restrictiva que consiste en “la prohibición de realizar actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y/o colaboradores, por sí o por interpósita personas y por cualquier medio público y/o privado. Todo ello por el plazo de 30 días…”. Mencionó que, asimismo, se hace saber que es “bajo apercibimiento de que su incumplimiento podría configurar el delito de desobediencia judicial (art. 239 C.P)”. Es decir, que en principio la sanción interpuesta sería la de que por 30 días el Vocal del STJER “se abstenga de realizar actos que claramente son ilícitos, como si no bastara ya esa primera premisa”.
“Un precedente peligroso”
Verónica Magni, secretaria general del PS de Entre Ríos, sostuvo “creemos que el abordaje de la situación debe realizarse con la seriedad que merece cualquier caso de violencia de género, pero más todavía teniendo en cuenta que tanto denunciante como denunciado son integrantes del Máximo Tribunal de la Justicia de Entre Ríos, ¿es ese el abordaje que nuestro Poder Judicial tiene para ofrecer para los casos de violencia hacia las mujeres?”, planteó. “Sea esta del tipo que fuera: física, laboral o institucional ¿No constituye este un precedente peligroso para la sanción de dichas prácticas violatorias de los Derechos de las Mujeres?”, concluyó.
