“Toda incorporación de personal deberá revestir carácter excepcional y encontrarse debidamente justificada en razones de necesidad, vinculadas a la continuidad del servicio público o a la cobertura de vacantes efectivas, siempre que no resulte posible atender dichas necesidades mediante la reorganización del personal existente”, determina el Art. 3.
Además, deberán explicitarse “las razones que justifican la medida, la imposibilidad de atender la necesidad mediante los Recursos Humanos disponibles, y la incidencia presupuestaria que la misma irroga”.
Trimestralmente, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir al Honorable Concejo Deliberante un informe pormenorizado sobre las incorporaciones de personal, los fundamentos que las motivaron y la evolución del gasto público en materia de personal.
El régimen tendría vigencia por 18 meses, pudiendo ser prorrogada mediante ordenanza.
La iniciativa pertenece al bloque de La Libertad Avanza. Si bien no formaba parte del temario de la sesión que el HCD llevó a cabo este jueves, ingresó conforme a lo establecido por el artículo 47 y se decidió su pase a Comisión de Todo el Concejo.
Argumentos
“El gasto en personal, constituye uno de los componentes estructurales más relevantes del presupuesto municipal”, se señala en los considerandos.“La expansión cuantitativa de la planta de personal, cuando no se encuentra acompañada de una adecuada previsión financiera y organizacional, puede derivar en una distribución ineficiente de los recursos disponibles, afectando negativamente el nivel y calidad de las remuneraciones en desmedro de los propios agentes municipales”.
Agregan que “un Estado municipal sobredimensionado no implica necesariamente mejores servicios, sino muchas veces más burocracia, menos eficiencia y mayor presión fisca” y que “la incorporación de personal genera compromisos de gasto permanente que trascienden los mandatos de quienes toman la decisión, hipotecando la autonomía financiera de futuras gestiones municipales”.
Finalmente, aclaran que “la presente ordenanza no implica despidos, ajustes sobre trabajadores actuales ni vulneración de derechos adquiridos, sino una política de responsabilidad fiscal, previsibilidad y respeto por el contribuyente”.
