El gobierno de Entre Ríos ratificó la cesantía del médico Sergio Alejandro Jmelnizky, quien se desempeñaba en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, al rechazar el recurso de revocatoria que había presentado para intentar dejar sin efecto la sanción impuesta meses atrás.
La decisión quedó plasmada en el decreto Nº 1906, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo sostiene que los hechos investigados fueron debidamente acreditados durante el sumario administrativo y que constituyen una “falta grave”, motivo por el cual confirmó en todos sus términos la expulsión del profesional de la administración pública.
Jmelnizky había sido cesanteado mediante el decreto Nº 535/2026 por hechos ocurridos durante la atención de una paciente menor de edad en el Hospital San Roque.
En su recurso, el médico cuestionó la investigación administrativa y sostuvo que la resolución se apoyaba en “premisas falsas” y en una valoración parcial de las pruebas. Entre otros argumentos, afirmó que nunca declaró la menor involucrada, puso en duda el relato de la madre de la paciente, presentó testimonios de personas que aseguraron no haber advertido ninguna situación anormal y destacó que, tras el episodio denunciado, la familia volvió a solicitar un turno con él, lo que -según su interpretación- desacreditaba la denuncia.
También sostuvo que sus antecedentes laborales eran positivos, negó haber incurrido en una falta que justificara la expulsión y pidió que, en caso de no prosperar el recurso, la cesantía fuera reemplazada por una sanción menor que le permitiera seguir trabajando para el Estado.
En qué se apoyó la cesantía
Pese a que la Fiscalía de Estado había considerado revisar la sanción por entender que podía existir una valoración excesiva de los antecedentes disciplinarios del profesional, la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia rechazó esa interpretación y sostuvo que la cesantía no se apoyó en antecedentes previos, sino en la gravedad del hecho investigado.
El decreto remarca que “la medida expulsiva tuvo fundamento directo e inmediato en el hecho concreto investigado en autos, cuya materialidad y gravedad quedaron acreditadas”, descartando que existiera una violación al principio de que una persona no puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho.
Uno de los aspectos más fuertes del decreto es el enfoque jurídico que adopta el Ejecutivo. La resolución sostiene que la conducta atribuida al médico ocurrió “en el ámbito de atención médica... respecto de una niña” y reviste “una gravedad institucional de entidad”, no sólo por las expresiones verificadas sino por el especial deber de protección que pesa sobre todo profesional de la salud cuando atiende a niños y adolescentes.
Además, el gobierno encuadra el episodio como un supuesto de violencia de género contra una niña, citando como fundamento la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, la Ley Micaela, la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Incluso, el decreto sostiene que el bien jurídico afectado fue “la dignidad de la persona humana”, recordando que, tratándose de una menor de edad, el Estado tiene un deber reforzado de protección.
“Los hechos quedaron acreditados”
El Poder Ejecutivo Provincial sostiene que durante el sumario administrativo no quedaron dudas sobre la ocurrencia de los hechos investigados.
En ese sentido, cita el dictamen de la Comisión Asesora de Disciplina, que concluyó que “los hechos reprochados al agente han quedado acreditados en el curso de la investigación sumarial, constituyendo una falta grave”.
También afirma que la relación entre un médico y un paciente se basa en la confianza y que ese estándar es aún mayor cuando se trata de una niña, por lo que la conducta atribuida al profesional “configura una grave transgresión a los deberes funcionales inherentes al cargo y una afectación objetiva a la confianza institucional indispensable para el desempeño de funciones sanitarias”.
Finalmente, el gobernador Rogelio Frigerio resolvió rechazar el recurso de revocatoria presentado por Jmelnizky y ratificar íntegramente el decreto que dispuso su cesantía.
La resolución concluye que la conducta investigada encuadra en el artículo 46º, inciso D, de la ley provincial Nº 9892, que prevé expresamente la cesantía para este tipo de faltas graves, por lo que el Ejecutivo entendió que correspondía mantener la sanción sin modificaciones.
