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Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry solicitaron con tres abogados defensores que les morigeren las prisiones domiciliarias impuestas a ambos imputados. El acuerdo refrendado ante la jueza Marina Barbagelata dictamina que deberá cumplirse desde este lunes hasta la remisión de la causa a juicio.

“Sin perjuicio de que los riesgos de daño jurídico que se invocaron en las distintas audiencias llevadas a cabo para la imposición de medidas de coerción, siguen vigentes, como así también se mantiene el mérito sustantivo sobre la intervención de los imputados en la comisión del hecho bajo investigación, la situación puede ser cautelada a través de las medidas que de común acuerdo, interesan”, quedó establecido.
Algunas limitaciones
Las restricciones impuestas son las siguientes: deberán mantener el domicilio que han denunciado en las presentes actuaciones, y no modificarlo sin autorización judicial; no podrán ausentarse de Paraná sin autorización judicial; no podrán tener contacto con las personas que aparecen como contratantes en los contratos relacionados al hecho que se les atribuye; no podrán tener contacto alguno con personas que hayan tenido o tengan actualmente intervención en cualquier etapa administrativa relacionada a la suscripción de contratos, pago de contratos o rendición de contratos, incluyendo auditores o empleados del Tribunal de Cuentas; no podrán ingresar a la Casa de Gobierno de Paraná, Legislatura provincial y dependencias descentralizadas del Poder Legislativo; y deberán comparecer todos los lunes y viernes a la comisaría de la jurisdicción de los respectivos domicilios, a fin de que se tome razón de su presencia en la ciudad, hasta la remisión de la causa a juicio.

De ese modo, sobre los dos contadores pesan las mismas restricciones que en el resto de los imputados que tuvieron prisión preventiva.
Fuente: Análisis

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