El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, mediante la firma del vocal Mariano Sebastián Martínez, ha puesto un punto final parcial a uno de los escándalos de corrupción más resonantes en materia de vivienda social de los últimos años.
Vacío sistemático
Con la Sentencia N°122, dictada el pasado 3 de julio y cuyos fundamentos fueron leídos este lunes 27 de julio, cinco personas fueron condenadas por su participación en una maniobra sistemática que "vació", mediante documentación falsa y desvío de fondos, un programa federal destinado a la construcción de 160 viviendas para los sectores más humildes.
Reconocieron culpabilidad
La resolución, fruto de un acuerdo de juicio abreviado, impuso penas de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos a los siguientes implicados, declarados coautores o partícipes primarios de los delitos de peculado y falsedad ideológica de documentos públicos en concurso ideal:
• Claudio Martín Mazzarello (maestro mayor de obra e inspector auxiliar de la Unidad Ejecutora Provincial): Tres años de prisión condicional.
• Germán Ernesto Stegemann (maestro mayor de obra y responsable técnico del consorcio): Tres años de prisión condicional.
• Rodrigo Alberto Romero Oliva (secretario del consorcio): Dos años y seis meses de prisión condicional.
• Ligia Tamara Cáceres (presidenta de la Cooperativa San Jorge): Dos años y seis meses de prisión condicional.
• Maximiliano David Saavedra (presidente de la Cooperativa La Unión): Dos años y seis meses de prisión condicional.
Investigación de Goyeneche
El expediente se había iniciado el 17 de octubre de 2018, tras la recepción de una nota anónima en el despacho de la entonces procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche. El denunciante, con un conocimiento detallado de la operatoria y aportando más de cien fojas de documentación, alertaba sin rodeos sobre el "robo" de las viviendas financiadas con fondos nacionales. La frase que guio la investigación fue contundente: "el dinero no estaba y las casas no se habían construido".
El plan bajo la lupa era el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Dos convenios firmados en 2013 entre Nación, Provincia (Unidad Ejecutora de Programas Especiales) y el Municipio de Concepción del Uruguay, preveían 160 viviendas por una suma superior a los 49 millones de pesos históricos.
El esquema organizativo contemplaba un consorcio de gestión que contrataba a cooperativas para la ejecución. El mecanismo delictivo se centró en los certificados de avance de obra. En estos documentos públicos, esenciales para habilitar desembolsos nacionales, se consignó sistemáticamente un grado de ejecución superior al real.
Los peritajes revelaron desfasajes groseros: en un convenio, se certificó un avance financiero del 92,90% cuando la obra real rondaba el 73,62%. En el otro, la situación fue aún más evidente, con un 68,58% certificado frente a un escaso 26,45% de avance real.
Exfuncionario municipal no firmó el abreviado
La sentencia destaca la figura de Mario Jorge Acuña, quien fuera secretario de Obras Públicas municipal y, simultáneamente, presidente del consorcio gestor. Acuña no suscribió el acuerdo de juicio abreviado, y su situación será resuelta por la vía ordinaria, por lo que su juicio sigue pendiente. Los testimonios lo señalan como quien acercaba los certificados para la firma y presidía las reuniones clave del consorcio.
En la fundamentación jurídica, el tribunal distinguió la lesión a dos bienes jurídicos: el correcto funcionamiento de la administración pública y el patrimonio estatal (peculado), y la fe pública (falsedad ideológica) por la inserción de declaraciones mendaces en documentos auténticos. Como una única maniobra afectó ambos, se encuadró en un concurso ideal. Entre los agravantes se ponderó la naturaleza de los hechos y la extensión del daño.
Detrás de las cifras y los peritajes caligráficos que confirmaron las firmas de los condenados, queda una realidad palpable: si bien la primera etapa de 80 viviendas se entregó a fines de 2018, diecisiete casas de la segunda etapa nunca se iniciaron, a pesar de que los certificados aseguraban lo contrario. Los fondos adicionales remitidos por Nación debieron ser devueltos ante la falta de certezas sobre la viabilidad de concluir la obra. El daño material directo afecta a familias entrerrianas que esperaron una vivienda que, en 17 casos, nunca llegó a existir.
