La Fiscalía del Estado, desde hace meses, viene trabajando en la elaboración de un decreto que regule las fumigaciones cerca de escuelas rurales, a raíz de la polémica desatada por el fallo judicial que fijó distancias excluyentes para las aspersiones tanto aéreas como terrestres en la provincia. El fiscal Rodríguez Signes explicó que, con el correr de los meses, las modificaciones orientaron la regulación hacia un “sistema mixto” de regulación y control. En este sentido, quedó descartada la fijación de distancias de fumigación basada en tipos de cultivo o tipos de establecimientos en cercanías a los lotes, como se había mencionado semanas atrás.
El fiscal precisó que en el borrador que evaluará Gustavo Bordet “se dispone un sistema de medidas que pasan por establecer una unidad centinela en cada escuela que velará por que se cumplan los requisitos de aplicación que establece el manual de buenas prácticas y unas guías que puso en vigencia el Ministerio de Salud de la Nación”.
Además, se establece “la obligación de acá a un tiempo de que cada aplicación se haga con un sistema de georeferencia que vaya proporcionando datos online en tiempo real”, apuntó Rodríguez Signes, y añadió que tal sistema “le ofrece a la autoridad de aplicación una herramienta de control muy eficiente que permite ejercer un control extenso”.
Por otro lado, remarcó que “habrá distancias de aplicación que estarán debidamente fundadas en pruebas científicas y dependiendo de la toxicidad de cada producto y no del tipo de cultivo”.
Asimismo, el fiscal subrayó que será “obligatorio” la registración y reempadronamiento de máquinas aplicadoras de fitosanitarios “porque detectamos que se usan muchas maquinas que no están registradas y hacer esto garantizaría que estén en condiciones”.
“Hay una máxima preocupación por el control de las aplicaciones”, manifestó Rodríguez Signes, al tiempo que destacó que que se establecerán “convenios con el INTA y la universidad para establecer mecanismos de investigación permanente” sobre los fitosanitarios.
Finalmente, señaló que en la elaboración del decreto “no se tomó contacto con ningún sector (rural o ecologista) u organización que no sea oficial, provincial, nacional o local”. Por el contrario, “se requirió la intervención de las áreas gubernamentales de Salud, Ambiente, Producción, Agricultura de la Nación, INTA, Conicet y universidades nacionales”.
