“Buscan a los perejiles”
Ahora, y como casi siempre que se encuentra con un micrófono adelante, apuntó directo hacia el ala del Poder Judicial que depende del Procurador General Jorge Amílcar Luciano García: los fiscales. Dijo: “Los fiscales en Entre Ríos buscan a los perejiles”. Y como ejemplo para ese aserto escogió el proceso que se sigue en Tribunales al exintendente de Crespo, Ariel Robles (PJ), acusado de haber distribuido materiales de construcción a distintas familias desde el Municipio con el fin de captar votos en una elección.
Rossi habló en FM Litoral y lanzó “fíjese la vergüenza provincial (el juicio al exintendente de Crespo), que ni lo conozco; alguna vez, al pasar, he hablado con él, me refiero al exintendente de Crespo, el ingeniero Robles. Lo han ultrajado, lo han puesto en la parrilla”. Rossi dice que la investigación penal no es tal y que el tema por el cual fue llevado a juicio “es un asunto para que resuelva el Tribunal de Cuentas y no la Justicia”.
“Acá (Rossi apuntó al Ministerio Público Fiscal) buscan a los perejiles. No buscan los contratos truchos, las cosechadora truchas, el juicio de ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos); el Iosper (Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos); o (el caso del exdiputado José Ángel) Allende. Pero por favor”, disparó..
1 condena y 1 investigación
Rossi, en realidad, tiene una condena por enriquecimiento ilícito, y una investigación abierta por el mismo delito.En junio de 2006, Rossi fue hallado culpable del delito de enriquecimiento ilícito en la función pública y condenado a tres años de prisión condicional, al pago de $90.000 de multa y a hacer tareas comunitarias durante tres años. El tribunal que lo condenó estuvo conformado por dos magistrados hoy retirados de la función, Silvia Nazar y Raúl Herzovich; el tercero fue Jorge García, actual Procurador General, y jefe de todos los fiscales.
En 2016 se abrió otra investigación en la Justicia en su contra, por el mismo delito.
A Rossi y a su esposa, la exdiputada provincial y actual concejal en Santa Elena Patricia Díaz, la Fiscalía le enrostra el manejo de cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay bajo la sospecha de que el dinero allí depositado había sido producto del paso de ambos por la función pública. El fiscal de la causa, Álvaro Piérola, exhibe documentación que probaría la existencia de una cuenta que el matrimonio posee en la sucursal uruguaya del Scotiabank, por 300 mil dólares.
Vanamente, el intendente de Santa Elena ha procurado conseguir su sobreseimiento en esa investigación. En cinco oportunidades, distintos magistrados han rechazado esa pretensión.
