La investigación penal estuvo a cargo del fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, quien confirmó que este jueves se desarrolló la audiencia para definir si las actuaciones son elevadas a debate oral y público. El pedido de remisión de la causa a juicio lo había realizado a fines del año pasado.
Ante el juez de Garantías del distrito, Walter Carballo, la Fiscalía ratificó “el contenido de la acusación, sostuvo la postura de que la investigación está concluida y que se encuentran acreditados los extremos de la misma”, informó el fiscal.
De todos modos, se determinó “pasar a un cuarto intermedio por 30 días para que la defensa sustancie su prueba definitivamente”. Ante ello, Alfieri consideró que “la prueba que pidieron hacer no es dirimente, pero al parecer sirve para la postura defensiva”.
Además de Rossi, el fiscal pide que sean llevadas a juicio otras seis personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez; el ingeniero y apoderado de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; la contadora municipal María Inés Martínez; el ex secretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena, Carlos Roberto Méndez; y el responsable técnico del Programa “Más Cerca”, Adolfo Zenón Ortíz.
La causa se inició por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, patrocinador de diversas denuncias contra la corrupción de la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri. El letrado es también el defensor de Moreyra en una causa en la que el fiscal Alfieri lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Y causalmente el expediente se inició por una denuncia de Rossi.
Según la investigación de Fiscalía, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Szcczech, más de 20 millones de pesos para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es de 18 millones de pesos y el mínimo es de 14 millones.
El monto del perjuicio al erario público, según calcula la Fiscalía, tiene un monto máximo superior a los cinco millones de pesos y un mínimo de más de un millón. Asimismo, Alfieri considera que para lograr esa operación “hubo una connivencia entre los funcionarios públicos y los técnicos en beneficio de la empresa constructora”.
Alfieri también adelantó que para Rossi se pedirá una condena de cinco años y seis meses de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La misma condena se solicitará para el empresario Szcczech, y montos menores de prisión para los demás imputados.
Cabe recordar que casos similares existen en Larroque (departamento Gualeguaychú), donde el imputado es el ex intendente y actual diputado provincial Raúl Riganti (PJ); y en Seguí (departamento Paraná), donde está bajo la lupa el intendente Cristian Treppo.
Reclamo civil
A la causa penal se le suma una civil. Y es que el abogado del municipio de Santa Elena, Guillermo Mulet, presentó una demanda civil contra el ex intendente Rossi en la que se le reclama el pago de 10 millones de pesos en concepto de reparación por los supuestos daños en la obra de pavimentación de 20 cuadras.Enriquecimiento ilícito
Cabe recordar que el ex intendente fue condenado en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito; y 12 años después se le abrió una nueva causa, junto a su esposa y ex diputada Patricia Díaz, por el mismo delito. La investigación está a cargo del fiscal de Paraná Álvaro Piérola, quien busca supuestas cuentas bancarias en Uruguay. Desde que el caso se abrió en 2016, tras una denuncia periodística de la revista ANÁLISIS, Rossi ha intentado ser sobreseído, pero sólo ha cosechado resoluciones adversas.La novedad más reciente en este sentido es el informe que remitió este jueves la Dirección General de Rentas de la República Oriental del Uruguay confirmando la existencia de una cuenta bancaria de la ex diputada provincial Patricia Teresa Díaz (PJ), en el Scotiabank de dicho país, tal como lo había denunciado la revista Análisis.
