Con esto, todos los ediles de Aire Fresco que habían sido contratados cesarán en la CTM, renunciarán a la Junta Departamental o dejarán de estar en ambos lados, según información a la que pudo acceder el diario El País.
Pablo Costenla, coordinador de Desarrollo Regional; Martín Burutarán, secretario de la Delegación Uruguaya; y Juan Ignacio Hourcade, profesional de la Asesoría Letrada; son ediles blancos y ya se comprometieron a presentar sus renuncias al organismo. Burutarán continuará trabajando con un contrato a término, ya que fue nombrado presidente. El cuarto funcionario que también dijo estar dispuesto a presentar su carta de renuncia es el colorado Nicolás Albertoni, secretario general en goce de licencia especial, y vicecanciller.
Los siete ediles restantes que integran la CTM decidieron renunciar a la Junta Departamental. Dos de ellos también renunciarán en Salto Grande.
El pasado 3 de octubre, durante la interpelación que el Frente Amplio hizo a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al Canciller, Francisco Bustillo, este último anunció un “rediseño institucional”, y adelantó que enviaría un memorándum a la DA para poder realizarlo, ya que se necesita su aval.
Allí se planteaba -entre otros varios asuntos vinculados a las relaciones laborales- que, como regla general, los ingresos debían hacerse por concurso. Esto fue propuesto a la DA el 4 de octubre, que en primera instancia se expresó de forma negativa, pero luego pidió 10 días para estudiar la propuesta.
En el marco de la interpelación, Diputados -con el apoyo del Partido Nacional- aprobó una moción que pidió el cese inmediato “de todos los contratos que en forma discrecional a través de designaciones directas”. En tanto, el Frente Amplio con Cabildo Abierto votaron otra moción que pidió las renuncias de Burutarán, Daniel Arcieri (también de la 404) y Nicolás Irigoyen (Vamos Salto, Partido Colorado). El primero, como se dijo, renunció a su cargo como contratado, pero continuará siendo presidente. Los otros dos no forman parte de los 36 funcionarios denunciados porque fueron nombrados por el Ejecutivo y, al momento, continuarán en sus cargos.
En tanto, al término de la maratónica sesión de ayer tras la formalización con prisión preventiva del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que ingresaría un proyecto de ley para regular el régimen jurídico de las delegaciones uruguayas. Este ya está en la Comisión de Asuntos Internacionales.
El proyecto, al que accedió El País, abarca a la CTM, pero también a las comisiones del Río Uruguay, Río de la Plata y Mixta del Frente Marítimo. Y señala que las delegaciones de estas “deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o derivado de carácter político, salvo el voto”.
También dice que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en coordinación con los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Relaciones Exteriores, fijarán las pautas en cuanto a la gestión financiera de cada una de las comisiones, y que los gastos de funcionamiento de las delegaciones serán determinados en conformidad con lo que establezca el Poder Ejecutivo, y que se deberán rendir cuenta de los gastos.
En tanto, en las últimas horas, Argentina informó que iba a llevar a cabo una auditoría interna de su gestión en la CTM antes del cambio de gobierno. Las elecciones son el 22 de octubre, si hay balotaje este será el 19 de noviembre y el sucesor del presidente Alberto Fernández debe asumir el 10 de diciembre. La delegación uruguaya dijo que aprovecharía la oportunidad para también auditar lo que se hizo de este lado.
