Para el asfaltado la anterior gestión (de Raúl Riganti), a través del entonces ministro Julio De Vido a cargo de la cartera de Planificación e Infraestructura, cerró un convenio con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) por un valor de $21 millones de pesos. Sin embargo, el nuevo jefe comunal promovió una auditoría para conocer cuánto costaba en realidad el trabajo. Los resultados determinaron que la obra costó alrededor de $5 millones y que hasta ahora la constructora cobró un poco más de $8 millones.
Así las cosas, Benedetti propuso devolver los $13 millones restantes al Ministerio del Interior de la Nación. En simultáneo, el intendente radicó una denuncia penal ante el fiscal Sergio Rondoni de Gualeguaychú por supuesto fraude a la administración pública por parte de la empresa y por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra su antecesor en el municipio.
El ex intendente Riganti salió a defenderse de las acusaciones alegando que sólo cumplió con un convenio firmado por Nación. A su vez rechazó la auditoría que realizó la municipalidad. Para dar más explicaciones, anunció que dará una conferencia de prensa recién el próximo lunes, cuando hayan transcurrido cuatro días del escándalo.
Caso contrario es el del empresario Daniel Hereñu, presidente de OIC SA, quien decidió no defenderse de las acusaciones. Peioridstas se comunicaron con la oficina central de la firma ubicada en la Ruta 18, kilómetro 11.5, en San Benito (departamento Paraná) pero no pudieron dar con Hereñú. "No se encuentra", aseguraron desde la empresa y reconocieron que "temprano dijo que no quería hablar". Igualmente se indicó que el empresario estaría analizando atender a la prensa dadas las dimensiones que tomó el caso.
