El dato surgió de dos resoluciones del organismo de control. El 8 de noviembre, mediante la Resolución Nº 997, se dio cuenta que Treppo solicitó “la transferencia de un cargo de planta permanente de este organismo hacia la Honorable Cámara de Diputados”. En tanto, el 14 de diciembre, las autoridades del organismo aceptaron la renuncia formal de Treppo al cargo de auditor por su pase a la Cámara Baja. Ello quedó registrado bajo la Resolución Nº 1250, firmada por el titular y exlegislador peronista Diego Lara, y los vocales María de los Ángeles Moia y José Luis Gea Sánchez. El exfuncionario y ahora empleado legislativo podría enfrentarse a un juicio oral y público al no prosperar las negociaciones que se habían iniciado con el Ministerio Público Fiscal, en procura de cerrar una causa mediante juicio abreviado por presuntos sobreprecios en obra pública. Se trata de la causa en la que se investigó un sobreprecio en la obra de pavimentación de 16 cuadras, que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más cerca”, del entonces Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.
Treppo está acusado del presunto “Delito de peculado”, que alcanza también a otros funcionarios y un grupo de empresarios de la construcción. Según la Fiscalía, la obra habría tenido un sobreprecio de más de $5 millones.
Falso testimonio
Entretanto, en el mes de octubre, se conoció que la Cámara de Casación Penal anuló los fallos que habían beneficiado con el sobreseimiento a Treppo en una causa por falso testimonio, dictado en forma sucesiva por la jueza de Garantías Elisa Zilli y por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Pablo Vírgala.La Fiscalía busca que el funcionario sea sometido nuevamente a proceso por presuntamente no haber dicho la verdad de lo que sabía en el juicio que se siguió en 2018 al exvicegobernador Alanís (PJ).
El martes 3 de abril de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná había condenado a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo al Alanís y al exvicepresidente primero del Senado, Humberto Carlos Re (UCR), al hallarlos culpable por el desvío de un monto próximo a los U$S 6 millones durante el año 1999 en el Senado provincial, cuyo destino final todavía se desconoce. Además, les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y al pago de una multa de 90 mil pesos.
En esta causa, la Fiscalía puso el ojo sobre la tarea de Treppo, que junto a la contadora Marta Aurora Pérez, fue auditor del Senado cuando estuvo dirigido por el exvicegoberandor Alanís, entre 1995 y 1999, período en el que ocurrió un desvío millonario de recursos del Estado.
De acuerdo a la hipótesis de la acusación, Treppo y Pérez fueron quienes -en infracción a los deberes de custodia- fueron la herramienta necesaria (para que ocurría el desvío de fondos), por eso serían coautores por omisión del “Delito de peculado doloso”. “Fueron el hijo del zorro custodiando el gallinero. Estuvieron (para controlar) dolosamente pintados para no hacer nada”, señaló el procurador Jorge García en una audiencia del juicio, realizada el 13 de marzo de 2018.
Tres años después de aquella acusación, que aún sigue sin resolverse en tribunales, Treppo renunció a su cargo de auditor en el Tribunal de Cuentas.
