La sanción unánime a la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, que incrementa en un 50 por ciento las partidas presupuestarias para los programas de alimentación, fue valorada positivamente por la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Stratta.
En este marco, Stratta afirmó que “posibilitará a las provincias, que venimos conteniendo la situación, contar con mayores recursos para fortalecer las estrategias alimentarias en este duro contexto”. Cabe destacar que, desde 2016, la provincia pasó de invertir 175.678.362 pesos a 529.149.698 pesos proyectado en 2019, lo que supone un incremento del 201%.
“La Emergencia Alimentaria pone en superficie lo que nos pasa como país, la profundidad de las demandas y el imprescindible rol que debe cumplir el Estado para garantizar este derecho básico y contener a las familias más vulnerables”, consideró la ministra.
En este sentido, sostuvo que “esta ley es necesaria para que las provincias, que venimos conteniendo la situación ante el aumento de la demanda y el congelamiento de las partidas nacionales desde 2016, podamos contar con mayores recursos para fortalecer las estrategias alimentarias en este duro contexto”.
La vicegobernadora electa, que acompañará a Bordet durante 4 años, señaló que “desde el comienzo de la gestión, el gobernador ha priorizado la contención social, sanitaria y alimentaria de la población. En el actual escenario que nos toca atravesar en nuestro país, es importante señalar que Entre Ríos es un Estado presente, que impulsa programas con financiamiento propio para garantizar el derecho a la alimentación, así como también se hace cargo de lo que la Nación ha dejado de atender en estos años”.
Programas
A partir de la sanción de la ley, la Emergencia Alimentaria nacional continuará hasta diciembre de 2022, y estipula el "incremento de emergencia" como mínimo del 50 por ciento "de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".En relación a los programas de asistencia que son financiados conjuntamente entre nación y provincia, Stratta precisó que “en dos de ellos se invirtió la ecuación respecto al aporte que hacía cada parte. Cuando nosotros iniciamos la gestión en 2015, la provincia financiaba el 30 por ciento y la Nación financiaba el 70 por ciento. Hoy es al revés: desde el gobierno provincial cubrimos el 70 por ciento y la Nación el 30 por ciento restante. Esto sucede porque el gobierno nacional no reconoce a los nuevos titulares de derecho y mucho menos reconoce el proceso inflacionario que se vivió en todos estos años”.
“Por eso es importante poner en debate que se tienen que hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias frente a estas urgencias, porque el Estado tiene funciones indelegables. Porque un chico o una familia que no tiene la panza llena, no puede educarse, no puede trabajar y no tiene las condiciones mínimas y elementales para poder crecer y desarrollarse”, concluyó la ministra.
