Entre las valoraciones y considerandos de la jueza, señala: “Este recorte salarial que instauran los artículos 4 y 5 de la Ley 10.806, al irrumpir modificando el salario líquido o de bolsillo de los trabajadores que poseen acuerdos paritarios firmados, vigentes en los términos y con las características de ultractividad e inmodificabilidad unilateral resulta, prima facie, lesivo de garantías esenciales de nuestra constitución” .
Más adelante, observa: “A su vez, afectaría los Principios del Derecho Laboral internacional contenidos entre otros en el Convenio 154 OIT, contrario a los Principios y Recomendaciones del mismo organismo internacional, horadando, por tanto, el derecho que poseen los Gremios a celebrar esos convenios y que recepta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 82 de la Constitución Provincial”.
Asimismo, sostiene: “…importa reconocer algunas de sus pautas comunes, como es la valoración del esfuerzo humano y la consideración de un umbral de dignidad en la retribución que se ha de percibir…”. E insiste –del mismo modo- en que los Art. 4 y 5 señalan una “merma salarial” sobre sueldos acordados y homologados en acuerdos paritarios que son “irrenunciables, progresivos, que deben asegurar la indemnidad del trabajador”.
En conclusión resolvió:
1. Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar innovativa y en consecuencia disponer la suspensión de la aplicación de los art. 4 y 5 de la ley 10.806 respecto del tramo comprendido entre $75001 a $ 100.000 de la totalidad de los trabajadores de la educación activos y de la administración pública provincial y municipal.
2) Disponer la vigencia de la presente hasta tanto se dicte sentencia.
“Desde Agmer reivindicamos el fallo, al entender que ratifica la legitimidad de nuestros justos reclamos y va en dirección de lo que venimos denunciando desde el momento en que se conoció el proyecto de Ley del Ejecutivo y enviado a la Legislatura. Lo resuelto por la Justicia hoy se suma a lo que logramos días atrás con la suspensión del Art. 6 referente a las trabajadoras y trabajadores jubilados”, indicó el gremio.
“Sin embargo insistimos en que todavía falta, aún nuestras compañeras y compañeros con salarios nominales a partir de 100.000 pesos siguen siendo sujetos de aportes de una ley que no nos cansaremos de denunciar por su carácter profundamente regresivo –específicamente- en sus Art. 4, 5 y 6. En este sentido, continuaremos accionando hasta lograr la inconstitucionalidad de los mismos”, acotó luego.
Y agregó: “Ningún trabajador, ninguna trabajadora debe padecer otro ajuste al bolsillo. Como decimos siempre: nosotros y nosotras ya hicimos el esfuerzo, es hora de que la crisis la paguen el capital financiera y el poder económico y oligopólico”.
“Estamos convencidos del camino emprendido, la lucha es colectiva siempre, en conjunto con los demás trabajadores y trabajadoras. Convencidos de que la unidad, es la mayor fortaleza para enfrentar esta crisis”, concluyó el gremio.
