Szczech, vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción -cuyo expresidente a nivel nacional, Carlos Wagner, integra la larga lista de los 42 procesados por el juez Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas-, quedó involucrado en una causa que investiga supuestos sobreprecios en la obra de pavimentación de 16 cuadras en la ciudad de Seguí, que le costaron al Estado más de $20 millones, cifra que se sospecha estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.
La obra, ejecutada durante la primera administración del actual intendente Cristian Treppo, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la empresa Organización Integral Constructora SA (Oicsa), aunque en la Justicia pretenden escuchar qué tiene para decir el empresario Szczech después descubierto su nombre en unos mails en los que adelanta los pliegos al futuro adjudicatario de las obras. “En la computadora de Oicsa, que fue peritada, encontramos mails firmados por Szczech que anunciaba que le enviaba los pliegos a Oicsa”, contó una fuente judicial.
El modus operandi que se descubrió tras el escándalo de los cuadernos del chofer Oscar Centeno fue descripto con pelos y señales por Wagner ante el fiscal que investiga la causa, Carlos Stornelli. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación, los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador”, contó.
En Seguí, la denuncia se originó en 2016.
El bloque de concejales de Cambiemos de la Municipalidad de Seguí envió una carta documento al intendente Cristian Treppo (Frente para Victoria) para que aclare en qué condiciones otorgó la concesión de la obra de pavimentación de 16 cuadras, que ejecutó la empresa Organización Integral Constructora SA (OICSA), con un presupuesto de más de $20 millones.
Se trata de la misma firma que en Larroque fue denunciada por cobrar una obra de pavimentación con sobreprecio, y que motivó una felicitación personal del presidente Mauricio Macri al intendente Roque Benedetti.
Benedetti resolvió devolver a la Nación unos $15 millones que, a su criterio, fue un sobreprecio que el jefe comunal anterior, Raúl Riganti (FPV), pretendió pagarle a la empresa constructora Oicsa por una obra de construcción de 14 cuadras de pavimento financiadas por el gobierno nacional.
La gestión Riganti acordó el pago de unos $21 millones por esa obra. Su sucesor de Cambiemos encargó una auditoría que determinó que la obra costó poco más de $5 millones. La empresa cobró hasta ahora un poco más de $8 millones y Benedetti pretende que devuelva los $3 millones que sobran.
Además, Nación destrabó la segunda parte del pago de la obra por unos $13 millones, que se encuentran acreditados en la cuenta del municipio. Pero, en lugar de girarlos a la empresa, Benedetti decidió devolverlos al Ministerio del Interior.
Ahora, el escándalo se desató en Seguí, a 50 kilómetros de Paraná.
El lunes 30 el bloque de concejales de Cambiemos remitió una carta documento al intendente Treppo
“Ante inexplicable silencio de vuestra parte respecto a los requerimientos escritos de fecha 4/5 y 9/5 relativos a información sobre ampliación trama vial de 16 cuadras del ejido urbano de nuestra localidad y su respectiva documentación, nos vemos compelidos –en nuestro carácter de concejales del bloque de Cambiemos, y por ende del indelegable rol de contralor de la actividad del Ejecutivo y, a la par, en ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública (Art 13ª Constitución Provincial en consonancia con los artículos 1º, 33º, 41º, 42º, y 75º inciso 22 de la Constitución Nacional— a intimar al señor intendente por el perentorio e improrrogable plazo de 72 horas desde la recepción del a presente, lo siguiente”:
1) copia certificada del proyecto de ordenanza de ampliación trama vial de 16 cuadras de asfalto, lo que ameritó la sanción de ordenanza de la primera ampliación presupuestaria del ejercicio 2016;
2) copia certificada de la documentación que acredite la modalidad de selección de contratista utilizada en la obra indicada en el punto anterior (licitación pública, privada, invitación a ofertar o contratación directa);
3) indique de modo completo y claro el numeral y nombres de las calles asfaltadas que insumieron la suma de $20.644.036,81 informando el organismo del Estado Nacional que dispuso y otorgó dicho financiamiento, adjuntando la documentación respectiva que comprenderá desde nota o trámite del pedido hasta la efectiva concesión del mismo;
4) adjunte copia certificada del presupuesto de la aludida ampliación de la trama vial, con detalle de todo lo ejecutado;
5) en caso de que se haya utilizado como forma de selección de contratista el llamado a licitación pública o privada, deberá acompañar copia certificada de los pliegos y condiciones generales y particulares de contratación, desde el llamado mismo hasta la finalización de la obra, incluyendo el contrato respectivo suscripto con la empresa OICSA, seguro de caución, documentación concerniente al adelanto financiero, si lo hubo, certificados de avance de obra, fojas del cuaderno de servicios donde consten las tareas de inspección efectuada, facturas emitidas por la empresa de los pagos recibidos, tanto de ella como de un tercero que eventualmente haya sido subcontratado para la realización de alguna actividad concreta; y
6) informará documentalmente si el día de la fecha de esta presentación (30 de mayo) la mencionada obra fue cancelada en su totalidad o aún se adeuda parte de la misma, indicando en este caso a cuánto asciende el saldo impago. Caso contrario, en defensa de los derechos ciudadanos que representamos y de los claros mandatos constitucionales, interpondremos las acciones legales correspondientes e iniciaremos la denuncia penal ante el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
El texto de la carta documento lo firman los concejales Javier Leguizamón, Mariela Espinosa y María Basso.
El planteo de los concejales de la oposición derivó después en una denuncia penal. Los abogados Iván Vernengo y Rubén Pagliotto patrocinaron la presentación en la Justicia, en la que se anexó una pericia hecha por el perito Martín Leonardo Cergneux, el mismo profesional que diseñó un informe que sirvió de fundamento para la acusación y posterior procesamiento que solicitaron los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para Cristina Fernández de Kirchner, José López, Julio De Vido y Lázaro Báez, por sobreprecios en la obra pública.
Cergneux estimó que en Seguí hubo un sobreprecio de entre $9,5 millones y $13, 1 millones.
