Instantes antes de que el defensor de Flores, Leopoldo Lambruchini, que lleva el cargo junto a su par, Julio Federik, comenzara su alegato, Barrandeguy informó de su renuncia a la defensa de Urribarri ante el juez de Garantías, Julián Vergara. Lo acompañaron los codefensores, Candelario Pérez y Juan Méndez. El reconocido abogado precisó que ya había presentado su renuncia momentos antes, siguiendo los pasos administrativos, y añadió que la comunicación a Urribarri fue realizada en un “marco de mucha cordialidad”.
Según trascendió, el motivo de la renuncia fue la anunciada incorporación a la defensa del ex gobernador Sergio Urribarri del letrado porteño Fernando Burlando. “Quiero hacer renuncia a mi cargo. Todo en un marco de cordialidad. Me enteré de la propuesta al nuevo defensor que aceptó. Se me hace difícil continuar. Pongo a disposición mi renuncia indeclinable. Se lo manifesté a mi defendido, dentro de un marco de cordialidad y comprensión”, expresó Barrandeguy en la audiencia, según registró Análisis Digital.
Sobre la audiencia
Durante la audiencia llevada a cabo este lunes, Lambruchini solicitó el sobreseimiento de Flores porque, sostuvo, Fiscalía no logró alcanzar con el grado de probabilidad que la etapa requiere que su asistido haya desempeñado los roles que se le endilgan por su presunta participación en dos de los seis hechos que se investigan en esta causa. Expresó que el sobreseimiento no requiere certeza negativa de la comisión del hecho atribuido y basta con la falta de mérito de la acusación.El defensor manifestó que, en sentido contrario a lo que sostiene la acusación, su asistido no tenía una relación cercana con el ex gobernador Urribarri, no era un hombre de confianza de aquel, e incluso sostuvo que se jubiló antes del comienzo de la investigación y volvió a la función pública en 2003 a pedido del entonces gobernador Busti, que lo convocó por sus conocimientos técnicos a formar parte de la Secretaría de Hacienda y añadió que el mismo Busti le pidió, al término de su mandato, que siga en el cargo, al que renunció mucho antes de los hechos investigados, cuando según la acusación se empezarían a ver los frutos de los presuntos ilícitos.
Lambruschini sostuvo que el sistema de software cuya licitación y adjudicación es el eje de la acusación, fue propuesto en distintas provincias a partir de directivas de la Nación y se presentaron varias empresas. Así, manifestó que Flores no tuvo ningún control sobre la licitación y su posterior adjudicación. En este sentido, sostuvo que “no fue Flores el que dispuso la licitación fue el gobernador, y las reuniones previas no era ilícitas, por el contrario, eran institucionales”.
El defensor también sostuvo, respecto a la hipótesis de Fiscalía respecto a que Flores conocía las negociaciones entre Urribarri y el titular de la firma investigada, Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario paraguayo imputado, Diego Armando Cardona Herrero, en “una hipótesis sin correlato probatorio, al menos en el caso de Flores”, y cuestionó que Fiscalía use en términos cargosos un informe técnico contable realizado por el propio Ministerio Público Fiscal, cuando en realidad, según su opinión, revela que Flores no tuvo participación alguna. Incluso manifestó que aquel informe “lejos de acreditar la participación de Flores, lo que hace es desmentirla”. Lambruchini sostuvo que Fiscalía incurre en “contradicciones” entre los hechos endilgados y la prueba, que hacen “insalvable” la acusación.
Acusación
Flores está acusado de que “con pleno conocimiento de las negociaciones desarrolladas por Sergio Daniel Urribarri, gobernador de la provincia, y Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la empresa Relevamientos Catastrales SA, tendientes a favorecer a esta última a través de la realización de contrataciones de software para la Administración Pública Provincial, intervino cumpliendo funciones propias de su ámbito de competencia, en el procedimiento de Licitación Pública 52 01/08, tramitada en el expediente administrativo N° 757.998, iniciado el 31 de enero de 2008 y en su adenda de 8 meses, tramitada bajo el expediente administrativo Nº 1.058.334 iniciado el 26 de enero de 2010”.Respecto de la adenda, la defensa sostuvo que Flores no tuvo intervención y manifestó que “el hecho de pedir información no puede ser tomado como que le dio continuidad” al pedido de prórroga.
