Las víctimas de trata son privadas de su libertad y derechos, y sometidas a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y mendicidad, entre otras modalidades.
Para conocer el presente de estos delitos en nuestra provincia y el trabajo en pos de su prevención y erradicación, entrevistamos a Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, perteneciente del Ministerio de Gobierno.
-¿Qué datos estadísticos tenemos en la provincia sobre el tema trata?
-Cuando en 2018 se inició la campaña provincial “La trata existe”, con la línea nacional de denuncias anónimas y gratuitas 145, de no tener denuncias pasamos a 37, además de 26 pedidos de orientación. No solo en trata con fines de explotación sexual sino laboral, grooming y desaparición de personas.
A partir de allí, promediamos en unas 30 denuncias anuales y otros tantos pedidos de orientación. Siempre hablando de presunción de trata. La línea deriva a jurisdicción federal para proceder al proceso de investigación.
Además, en 2020 en la provincia se aprobó la Ley 10.852, creando el protocolo de intervención. Eso nos faculta a que muchas fiscalías federales nos oficien a acompañar en los operativos como contralor. La función de la entrevista la tiene el Programa Nacional de Rescate perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Son delitos de los que nadie está exento. Antes hablábamos de personas que están en la indigencia o la pobreza, pero hoy con las redes sociales, cualquiera puede ser víctima de trata. Sí se ven más varones y niños en lo que es explotación laboral o mendicidad; y mujeres en explotación sexual.
En lo que es venta de órganos, tenemos una ley de trasplante de órganos y hay controles exhaustos por parte de Cucaier. A nivel nacional hubo dos o tres denuncias pero no se ha confirmado la venta de órganos.
Lo mismo sucede con la venta de niños para adopción, a partir del registro de adoptantes, que es una práctica de contralor.
Nos queda el interrogante de la subrogación de vientres, que más allá de no ser legal en la Argentina y lo hacen en otros países, se ha convertido en una comercialización de mujeres empobrecidas y vulneradas por personas adineradas que lo compran y hay un límite con la venta de un bebé.
También está la mendicidad ajena. El mal llamado trabajo infantil, que en realidad es explotación. Niños lavando autos, vendiendo flores o estampitas.
Y el delito de pornografía en infancia y adolescencia, es otro de los delitos tipificado como trata de personas.
-¿Con qué tipo de denuncias se encuentran en la línea telefónica?
-La mayoría proviene de terceros en forma anónima y algunas de la propia víctima. En el caso de la trata con fines de explotación laboral, cuando son veinte o treinta trabajadores, puede ser que alguno llame a la línea explicando la situación.
-En los casos en que han podido seguir alguna línea de investigación en los últimos años, ¿cuál es la modalidad con la que suele llevarse a cabo el delito de explotación sexual?
-Las nuevas modalidades tienen que ver con la utilización de redes sociales a través de la captación, con métodos como el grooming, plataformas digitales, juegos donde se utilizan la manipulación y el engaño, el ofrecimiento de trabajos que no existen.
El 50 por ciento de las víctimas de trata en nuestro país hoy son captadas por redes sociales.
Según datos de la Procuraduría Nacional de Trata de Personas, 144 mujeres desaparecen anualmente en nuestro país. Cuando no se logra el sometimiento para la finalidad de ser explotada para mercantilizar su cuerpo, muchas veces son víctimas de femicidio. Es también violencia de género y está muy relacionado al narcotráfico.
Nuestra provincia está en una zona de alto riesgo por su ubicación geográfica. Tenemos pasos internos como el túnel subfluvial o el puente Rosario-Victoria.
A medida que se lo persigue, el delito cambia de modus operandi. Habíamos hecho un trabajo de investigación y encontramos un prostíbulo cada 15 km en todo el corredor de la ruta 14, lo que indicaba una alta demanda.
Pero con la ley por la que se llevó a cabo el cierre de prostíbulos a nivel provincial, tuvo la facilidad de mutar. Hemos denunciado el alquiler de departamentos privados, incluso en zonas residenciales.
En Paraná, el 95% de las mujeres que están en situación de prostitución en la calle son de Santa Fe. Hay cuestiones de vulnerabilidad y pobreza que nada tiene que ver con el trabajo, sino que hablamos de cosificación y mercantilización de los cuerpos.
-¿En estos momentos hay en Entre Ríos mujeres desaparecidas que se presuma puedan haber sido víctimas de trata?
-Se cumplieron 18 años de la desaparición de Fernanda Aguirre; un caso que marcó un antes y un después en nuestra provincia. También está Eva Flores en Concordia y otras en el norte de la provincia.
Junto a la subsecretaría de Derechos Humanos y la Policía de Entre Ríos estamos realizando un registro preciso de la cantidad de personas desaparecidas, el género y otros datos.
-¿Hay algunos tips que podamos decir a la población para que esté alerta y, en caso de ser necesario, se active rápidamente el mecanismo de denuncia?
-Estar atento a los ofrecimientos que pueden surgir a través de medios de comunicación o redes, con ofrecimientos de trabajo con un salario muy alto o promesas de condiciones de vida que hacen que uno pueda sospechar. No ir solo a una entrevista. No entregar documentos personales como DNI o pasaporte. Cuestiones que ocurren en la primera fase que es la captación.
También alertar sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos frente a la mala utilización de las redes sociales. Quienes están detrás no son amigos (salvo los conocidos); no aceptar a desconocidos. Y esto transmitirlo a los hijos que son los expuestos a más ser engañados.
Tener a mano la línea 145 o las fiscalías federales de cada jurisdicción, para llevar a cabo la denuncia.
-En los últimos años, ¿tuvimos condenados en Entre Ríos por alguno de estos delitos?
-Sí, es una de las provincias con más sentencias a nivel nacional, al igual que en cuantía en la pena.
A partir de 2008 con la Ley 26.364 (modificada por la 26.842) y hasta 2018, hubo 271 sentencias en el país y Entre Ríos ocupa el cuarto lugar en cantidad.
Desde que se implementó la ley y hasta el 30 de junio de 2022, en Argentina fueron asistidas y rescatadas 17.839 víctimas.
