Además, también se dejó sin efecto el decreto 311/2020 y las resoluciones reglamentarias de dichas normas, entre ellas se destaca el tope del 5% a la actualización de los abonos en diciembre. De este modo, las empresas vuelven a tener la facultad de determinar los precios de los servicios.
La resolución judicial fue tomada en Córdoba, tras una medida cautelar iniciada por un operador de esa provincia. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) precisó que el fallo “que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio”.
El texto de la ATVC sostiene que la decisión de la Justicia “determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas” y “ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
“De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país”, manifestaron desde la asociación.
La Justicia consideró que el Decreto 690, que establece los precios en el mercado de las telecomunicaciones, “impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy”.
En este sentido, “la situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumento entre el 5 y el 8%. Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año”, consideraron desde la ATVC.
