La fiscal de la causa, Patricia Yedro, se opuso al planteo y adelantó al juez que el expediente será incorporado a la causa por la supuesta comisión de delitos por parte del intendente en la tramitación de un adelanto financiero a la Mutual Modelo. Además, sostuvo Yedro que no existe un trato discriminatorio hacia Varisco y Acevedo, sino que se está ante un delito de acción pública y que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de hacer la investigación penal.
La apelación
“La apelación se presentó porque entiendo que con esta decisión de la Justicia se está privando a Varisco y a Acevedo de un trato igualitario ante la ley. El juez y la fiscal reconocieron que casi la totalidad de estas causas originadas por denuncia de Enersa por conexiones irregulares se resuelven en la mediación. Si ya se eliminó el conflicto, si ya Varisco y Acevedo pagaron la deuda que determinó Enersa, sostenemos que deber aplicarse el mismo criterio que se aplica a cualquier ciudadano. De otro modo, estamos generando una situación de desigualdad netamente discriminatoria”, manifestó Cullen.Y recordó que en la audiencia del jueves 22 la Fiscalía rehusó ir al camino de la mediación por cuanto entendió que existía un deber ético que amerita llevar a juicio a Varisco y a Acevedo por la función pública que ocupan.
“Discrepamos con eso –aseguró el letrado–. No se trata de un delito en ejercicio de la función pública. Se trata de una causa absolutamente menor que no tiene ningún impedimento para poder resolverla por la vía de la mediación penal. Esto debió llevarse a mediación y no poner en funcionamiento toda la maquinaria judicial. A nuestro entender, la decisión de llevar esta causa a juicio implica un quebrantamiento de la Constitución porque no hay trato igualitario”.
Por eso, decidió apelar lo resuelto por el juez Ruhl. “Si rechazan esa apelación, iremos en queja”, adelantó.
Cullen destacó dos elementos: que todas las denuncias que efectúa Enersa por robo de energía se realizan con la certeza de que ninguna llega a juicio sino que se resuelven en una instancia de mediación penal. Y recordó que en abril se presentó un pedido de mediación penal, luego de haberse resuelto el conflicto con el pago de la deuda que estableció la distribuidora de energía. Pero ante ese pedido, “no tuvo ningún tipo de respuesta desde la Fiscalía. Y la respuesta fue el pedido de elevación a juicio. Ante eso –indició– pedí la suspensión de los plazos”.
