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Algo que exige de argumentos diferentes, al momento de poner en cuestión la manera de enfrentarlos

Comenzamos con un relato de cuya autenticidad, no así de su plausibilidad, tenemos dudas. Se refiere el mismo, a la explicación que habría dado el gobernador de Buenos Aires Axel Kicilloff, acerca de la gravísima situación de desfinanciamiento por la que atraviesa la Caja de Jubilaciones de esa provincia.

A la que se suma que la de su casi gemela, cual es a la que aportan y de la que reciben su haber jubilatorio, el personal del Banco de la misma provincia. Una Caja más pequeña en cuanto al número de sus afiliados, algo que viene a significar una circunstancia que estos aprovechan para que sea mucho mayor el beneficio que reciben, y tener, por consiguiente, un déficit mucho más grande. De unas dimensiones que cabría describir como escalofriante, situación que por consiguiente resulta mucho más problemática, y en consecuencia también más difícil de manejar. Algo que, como es de presumir, se viene a conseguir a fuerza de dinero de los contribuyentes, el que debiera ser aplicado a otros destinos, esta vez no solo en beneficio exclusivo de grupos, sino del común.

En tanto, y de acuerdo a lo que se relata en esa anécdota, ante la situación mencionada, el actual gobernador bonaerense, habría dicho que la misma tiene por causa, la circunstancia que por cada empleado público jubilado, no alcanzan a dos los empleados en actividad que revisten la condición de aportantes. Algo que nadie puede discutir, por tratarse evidentemente de un juicio con el que no se puede discrepar.

En cambio, linda con el absurdo la solución, la que cabría suponer estrictamente conjetural que se atribuye a Kicillof, para el problema en cuestión. Es cuando habría señalado que “de aumentarse el número de aportantes” en una debida proporción, o sea agrandado la ya desbordante burocracia de esa provincia, “las cosas encontrarían remedio”.

Y precisamente por lindar con el absurdo, consideramos poco creíble que se haya siquiera pensado en una medida semejante, aunque la presencia de “lo absurdo” está tantas veces presente entre nosotros, que una propuesta de ese tipo no debería, para nada, llegar a asombrarnos.

En el extremo opuesto de soluciones, sino absurdas, al menos que cabe considerar como poco razonables, más allá del hecho que habrá quienes la consideran explicables, está una solicitud que la denominada “Multisectorial de Entre Ríos” ha formulado, a la vez que hecho pública, dirigida a nuestro gobernador Bordet.

Como es sabido esa Multisectorial, tal cual su denominación lo expresa, está conformada por organizaciones diversas, las que se consideran como autoexpresión de distintos sectores. Tal es el caso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Bancaria, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), la Corriente Clasista y Combativa y, Barrios de Pie, dejando de aquí en más en apariencia arbitrario, continuar avanzando con el resto del listado, algo que para el caso de ser así entendido, dejamos expresadas nuestras disculpas.

La solicitud a la que nos referimos y de la que hemos dado cuenta en una información a la que diéramos cabida en el día de ayer, está encaminada a lograr la derogación parcial de la de la ley de Emergencia Solidaria, impulsada por Bordet y sancionada por la Legislatura.

En tanto, consideramos que el pecado de origen de esa “ley de emergencia solidaria” se encuentra en el hecho de haber incluido en “un único bloque”, el tratamiento de dos problemas distintos, aunque sean de la misma naturaleza.

Cuales son por una parte el del “déficit de la Caja de Jubilaciones” – los aportes de los empleados alcanzan para cubrir aproximadamente la mitad de lo que se paga en haberes-, ya que se trata de una cuestión de arrastre y de difícil solución, que por ello es pertinente caracterizarla como endémica, y la que por eso mismo que nada tiene que ver con la pandemia. Y, por la otra, el crecimiento del déficit presupuestario consecuente con la caída explicablemente estrepitosa de la recaudación tributaria, que es la única que en verdad cabe considerar como en la que se hace presente la emergencia.

Algo que los miembros de la Multisectorial, a juzgar por el contenido de su reclamo, tienen mucho más en claro que el gobierno, o al menos este nos lo presenta de una manera que no resulta sincera. Ello así, ya que por ser la situación de la Caja una situación en principio de duración indefinida, claramente no resulta pertinente que la presentemos – insistimos en ello- como de emergencia.

Y la diferencia es importante y no ociosa, ya que no son los mismos los argumentos que pueden esgrimirse en favor o en contra respecto a esas dos cuestiones.

Algo que no quita que la Multisectorial aludida, en el documento emitido este martes, venga a embarullar las cosas y presentarlas de una manera que lleva a confusión, cuando en el mismo se denuncia que la transferencia de recursos de los sectores asalariados al gobierno, teniéndola como un aporte para sortear la crisis que derivó de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Y que por añadidura se llegue a afirmar que con esa ley se descarga “lo principal de la crisis –debió más correctamente hablarse de la principalidad de los recursos a obtener por las medidas adoptadas- “sobre las espaldas de los trabajadores”.

Nos encontramos así ante una inexactitud que no podemos dejar pasar por alto, y que nada tiene que ver a quién corresponde hacer un esfuerzo mayor, en el indispensable costo que se hace necesario pagar para enfrentar la verdadera emergencia, respecto a lo cual debe decirse que todas las opiniones merecen respeto, más allá de su razonabilidad y sobre todo de su viabilidad.

Es que al entrar en lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”, se debe comenzar por tomar conciencia de que todos entramos en ellas más pobres –y que incluso los más castigados son los más pobres entre los pobres- dado lo cual todo lo que se gasta debe contar como contrapartida un recurso genuino, es decir que no tenga su origen en un endeudamiento, o de no ser así de tener la certeza de contar con recursos con que atenderlo en el momento oportuno.

Una circunstancia que no tiene otra salida, en el caso específico de la Caja de Jubilaciones provincial, que la de avanzar en lograr autofinanciamiento, inclusive con recortes en los haberes jubilatorios de mayor cuantía, teniendo en cuenta el carácter solidario de los aportes. Al tiempo que en forma simultanea se recortan los sueldos del personal gubernamental, en los casos en que los mismos superen un mínimo razonable a determinar. Algo –el recorte- fácil de hacer, como se ha hecho en el pasado tantas veces disponiendo incrementos en el monto de los sueldos, inferiores a las tasas de inflación.

Lo anterior, expresado a modo de ejemplo de un concepto de mayor envergadura, cual es aquel que señala que todos debemos sumarnos al esfuerzo, sin más excepciones de aquellas con causa válida y comprobada, y en el que cada cual deba aportar contemplándose su capacidad distinta en la posibilidad de hacerlo.

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