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El Grupo Ad Hoc de Bonistas de la provincia de Entre Ríos inició acciones legales contra la Provincia por la falta de pago del cupón de intereses que venció el 8 de agosto pasado. El Grupo concentra 54% de los títulos emitidos, es decir, tiene capacidad para bloquear cualquier potencial intento de la Provincia de modificar alguna cláusula de emisión.

El Grupo hizo la presentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aquella a la cual el contrato de emisión de los bonos somete las controversias que pudieran surgir, y la misma que tuvo jurisdicción en los diferentes procesos que involucraron a los bonos de la República.

El comunicado del Grupo Ad Hoc de Bonistas hace referencia a la situación financiera de la Provincia, a la que califica, con base en los datos presupuestarios oficiales, como tan o más sólida que la que tenía al momento de ser emitidos los bonos, en 2017. No sólo es menor el monto total de deuda, sino que, además, se mantiene estable en términos del PBI provincial y ha disminuido el costo de su servicio en proporción a los ingresos fiscales.

Los bonistas dicen seguir predispuestos a negociar de buena fe, cualidad que, dice su comunicado, la Provincia no ha demostrado. El Grupo Ad Hoc de Bonistas considera inaceptable que la Provincia busque algo más que un alivio temporal para sus obligaciones -algo que el Grupo está dispuesto a conceder- y que, por el contrario, pretenda una reducción permanente de las mismas.

Al comunicado de los acreedores le siguió la respuesta de la Provincia. Entre Ríos argumenta haber actuado de buena fe, lamenta la presentación judicial y que los acreedores hayan designado a una firma de abogados como interlocutor, en lugar de un asesor financiero. Algo que confirma, según la Provincia, que los bonistas siempre tuvieron la intención de litigar.

Quizás sea más controversial la parte del comunicado en que se reconoce que el Presupuesto 2021 contempla un superávit primario, pero que “el mismo no incluye en otros aspectos pauta salarial alguna, ni consideraciones referidas a mayores gastos y disminución de recursos provocados por las consecuencias de la pandemia, lo cual es sabido por los acreedores". ¿Qué significa esto? Quizás sea que el Presupuesto no es un verdadero Presupuesto, sino apenas una colección de números de las cuentas públicas, por cuanto el Gobierno parece reconocer que los gastos no estarían bien calculados.

En términos prácticos, la última propuesta de la Provincia, hecha a mediados de diciembre, contemplaba un estiramiento de los plazos de pago del capital desde 2025 hasta 2030 y una rebaja de los cupones de interés hasta, en promedio, 5,49%. Los bonos en default transan en el mercado con un precio de alrededor de 58 centavos. Si la propuesta fuera descontada a una tasa de 14%, el promedio de rendimiento de otros bonos provinciales ya reestructurados, tendría un valor de 65% del capital nominal. La propuesta del Grupo de Bonistas tendría un valor de 79 centavos. Si bien la brecha parece amplia, se ha achicado mucho desde los 31 centavos de las propuestas originales. Dado lo cual cuesta creer que las partes quieran realmente retirarse de la mesa de negociaciones luego del camino recorrido.

Por el contrario, es probable que la movida del Grupo Ad Hoc de Bonistas haya sido motivado por el deseo de acelerar las negociaciones, que hasta el momento han avanzado con cierta lentitud. Saben que: 1) la Provincia no cuenta con activos embargables en el exterior; y 2) la Provincia no tiene chance alguna de conseguir nuevo financiamiento externo que pudiera verse bloqueado a partir de esta demanda.

Algo similar puede decirse de la Provincia, que también aspira a mantener el diálogo “de buena fe” abierto.

El default de Entre Ríos, que no exhibe razones de endeudamiento preocupantes, levanta algunas preguntas: ¿habrá sido motivado por simpatía con la estrategia negociadora de Guzmán, por alguna amenaza del BCRA respecto de la disponibilidad de dólares para hacer los pagos, o habrá sido simplemente hecho para aprovechar la ola de defaults generalizados en nuestro país? En su momento, este medio resaltó el error de las provincias al tomar deuda en dólares que no generan, y de los inversores por prestar dólares a un emisor que no los genera. Las culpas son repartidas.

Varias provincias argentinas enfrentaron una crisis de deuda en 2020. Aunque la mayoría buscó mecanismos de renegociación de sus vencimientos, no todas optaron por entrar en default mientras negociaban. Muchas ya han cerrado sus negociaciones y otras están encaminadas a hacerlo en breve. Sólo las negociaciones de Buenos Aires y Chaco parecían empantanadas. Ahora se verá si corresponde sumar a Entre Ríos a este grupo.

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