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El pasado 18 de octubre, estalló el caos en Santiago, la capital de Chile, producto del aumento de boleto de metro de 800 a 830 pesos - de 1,08 a 1,12 dólares. Se propagaron enfrentamientos, incendios y ataques al metro, liderados en principio por los estudiantes. Dos días más tarde, el Presidente Piñera afirmó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” y encomendó la garantía de la seguridad pública al General Javier Iturriaga. Con ello, se procedió a instaurar el toque de queda en la capital.

Al contrario de lo inicialmente esperado, la reacción del Ejecutivo chileno llevó a radicalizar la postura del pueblo. El pedido de “perdón” de Piñera y el anuncio de medidas paliativas (la suba de pensiones mínimas, el congelamiento de las tarifas de electricidad y el cambio de gabinete de gobierno) del 22 de octubre no alcanzaron para calmar las aguas. Tal es así, que el viernes 24 se registró la marcha más grande de Chile desde el retorno a la democracia, con alrededor de 1,2 millones de manifestantes.

Mirando el devenir de los acontecimientos “por arriba”, como se diría en el lenguaje popular, el estallido social representó una verdadera sorpresa. La economía chilena era vista como el “jaguar” (en un intento de aparejar a Chile con los “tigres” del Sudeste Asiático) de América Latina, producto de su estabilidad y crecimiento constante en los últimos años. En sólo 2 semanas, se pasó de considerar al país trasandino como un modelo a seguir, un oasis, un milagro económico, a cuestionar seriamente las bases de su modelo de país. ¿Cómo entender esto?
Los orígenes
En 1970, en Chile se dio un hecho histórico: era la primera vez en la historia de la humanidad que un candidato abiertamente socialista ganaba elecciones democráticas para presidente. Es así, entonces, que Salvador Allende Gossens se convirtió en el huésped de la Casa de la Moneda. Tras sus intentos de reforma agraria, estatización de empresas relevantes para la actividad económica y postura explícitamente de izquierda, fue desalojado a los tiros del palacio de gobierno por un golpe militar el 11 de septiembre de 1973.

Aquí es donde encontramos los orígenes de todas las tensiones actuales. El general Augusto Pinochet, dictador entre 1973 y 1990, encaró un modelo diametralmente opuesto al de su antecesor. Era considerado el “laboratorio del neoliberalismo en la región”, en el que un grupo de jóvenes profesionales de la Universidad de Chicago ensayó alternativas de liberalización financiera, privatizaciones y políticas amigables a la inversión extranjera.

Estos “Chicago Boys” institucionalizaron el “modelo” en la ilegítima Constitución Política del año 1980. Cabe destacar que dicho texto (aunque con varias y repetidas modificaciones) es el que rige actualmente como carta magna chilena. Gracias a esto, y en distintos grados de profundidad, servicios como la luz, el agua potable, la salud y la educación pasaron a manos privadas.
El éxito solo fue económico
"Mejor no quiere decir mejor para todos. Siempre quiere decir peor para algunos." Margaret Atwood

En 1990, se dio un retorno pactado a la democracia. Es necesario recordar que el General Pinochet debía permanecer en la comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998, por lo que siempre seguía presente en la política chilena como un actor relevante y casi como líder de la oposición.

En el aspecto económico, el modelo neoliberal continuaba presente sin cuestionamientos. Y trajo resultados contundentes en los indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, el PBI per cápita (que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población) se ubica en 15.130 dólares, mientras que para el resto de América Latina y el Caribe alcanza los 9.550 dólares.

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Las intervenciones estatales, desde la vuelta a la democracia, han pasado por otorgar paliativos a la población, en forma de seguros de salud universal, desempleo y mejoras en la educación pública. Estos factores contribuyeron a la caída en los niveles de pobreza: de un 30% en el año 2000 a un 6,4% en 2017. Sin embargo, las privatizaciones continuaron: a la educación, la salud, el agua natural y potable, se sumaron la previsión, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, la pesca, los bosques y las salmoneras y además se permitieron gigantescos entendimientos ilegales entre las grandes empresas y multimillonarios desfalcos y evasiones tributarias.

Al mismo tiempo, la clase política civil se consolidaba como «carrera profesional» altamente remunerada, mientras persuadía a la clase política militar a compartir responsabilidades y la defensa de una fluida inserción de Chile en la economía globalizada, para permitir que las grandes inversiones extranjeras continuaran dentro del país impulsando su «desarrollo». Esta inserción permaneció incuestionada e incluso se fue profundizando. A día de hoy, Chile cuenta con tratados de libre comercio con Canadá (1996), México (1998), Unión Europea (2002), Estados Unidos y Corea del Sur (2003), China (2005), por mencionar algunos de los más relevantes.

A pesar de la enorme mejora de los indicadores macro, el Informe sobre Panorama Social de 2018 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) constata que Chile es uno de los países con mayor concentración de la riqueza en la región. Se enuncia que el 1% más rico de la población concentra el 26,5% de la riqueza, el 10% más rico posee el 66,5% y el 50% de los hogares solo ostenta el 2,1% de la riqueza. En dólares, podemos afirmar que el 1% más rico se lleva alrededor de 3 millones de dólares anuales, el 10% más rico aproximadamente 760.000 dólares y el 50% de la gente vive con 5.000 dólares anuales.

Resulta ilustrativa la definición contundente que brinda el citado informe: “La cultura del privilegio y el actual estilo de desarrollo aumentan las diferencias entre los centros y las periferias territoriales y sociales, a la vez que generan un grado insostenible de polarización de los ingresos y la riqueza, que aumentan el poder de los grupos más privilegiados para establecer y mantener reglas de juego que los favorecen”.

En relación al salario medio de un trabajador chileno, este ronda los U$S 550 mensuales. El salario mínimo, entretanto, es el 4to más alto de América Latina, con U$S 414 mensuales, y la pensión por vejez es de U$S 286. Si bien altos, los salarios chilenos tienen que ser puestos en contexto con respecto al costo de vida. Vivir en Chile representa un costo mucho mayor al de vivir en un país como Argentina.

Después de la alimentación, el transporte es el segundo gasto más importante de las familias, seguido por la vivienda y servicios básicos, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares. Pero como los salarios de la mayor parte de la población no son suficientes para cubrir los gastos habituales (que además incluyen salud, educación y otros), el 60% de los hogares gasta más de lo que recibe como ingresos, lo cual explica por qué hay tantas familias endeudadas. Para reflejar esto, te muestro algunas cifras que marcan la diferencia entre los costos de vida argentino y chileno, valuados en dólares:

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No hay ninguna duda, entonces, que la noción de crecimiento económico no refleja el bienestar de la población. La movilidad social ascendente suena a utopía, donde el dinero y el apellido determinan de antemano tu horizonte máximo de progreso. Y no sorprenden las protestas. Ya en 1991, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) constataba mediante encuesta que un 54% de la población rechazaba, no creía o no confiaba ni en el Estado ni en los partidos políticos. Este porcentaje fue en incremento, hasta llegar a un 95% en el corriente año.

El gobierno, como de costumbre, no sabe a quién se enfrenta. Malgastó las primeras horas en buscar al líder de estos hechos, cuando en realidad vivimos en tiempos de convocatoria a través de redes sociales, donde todo se magnifica: lo bueno y lo malo. La clase política chilena nunca ha cuestionado las bases del modelo neoliberal. Me arriesgo a asumir que no saben a quiénes se enfrentan porque no saben a quiénes gobiernan. La represión solo sirvió para agitar el avispero y terminar de convencer al pueblo de salir a las calles para ser escuchado. Sabemos el inicio de las acciones, pero... ¿sabemos las consecuencias que tendrán?
Fuente: El Entre Ríos.

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