Entre ellas, la primera tiene que ver con la onerosa decisión que significara su “desdoblamiento”, circunstancia que solo se explica como una maniobra de estrategia – mejor sería, inclusive, hablar de manipulación- política; la que ha llevado a que su anticipación respecto a la fecha en que van a tener lugar las que se deben realizar en el orden nacional, hable de la debilidad de nuestra institucionalidad.
Y si se hace mención a una especulación de este tipo, es porque de esa manera se evitó que a nivel provincial se asistiese a la posibilidad de la existencia de un justicialismo fragmentado en una elección general única a todos los niveles estatales. Todo ello como consecuencia de lo que podría significar la incidencia de la figura de la ex presidenta, como factor conflictivo dentro de ese movimiento, tal como son afectos a autocalificarse.
Es así que la prueba más acabada de esa inconsistencia, se la encuentra en el largo período de espera - el tiempo de un medio embarazo- que enfrentan los elegidos para ocupar sus cargos, en el caso de que no se esté ante una reelección, como afortunadamente, al menos en ese sentido, es el caso del gobernador.
A la vez se nos ocurre que es este el momento adecuado para insistir acerca de la situación de gravedad institucional que significa no solo la existencia en nuestras listas para los comicios de candidatos “con marcas” en sus prontuarios; sino de la “tolerancia activa” frente a esa circunstancia, ya que no otra cosa significa el voto ciudadano que se ha dado a dichos candidatos.
En el Brasil, y a instancias del entonces presidente Lula da Silva, se implementó lo que se conoce como “ficha limpia”, con lo que se alude a un prontuario en el que no existen anotadas sentencias judiciales en materia penal de condena o autos de procesamiento; una exigencia que hace a la construcción de una indispensable ética pública.
Un requisito que está ausente en nuestra legislación – y por lo que se ve es una muestra de la baja calidad de nuestra cultura cívica- ya que ello hubiera impedido que políticos como Varisco en Paraná y Rossi en Santa Elena, hubiesen podido presentarse como candidatos en las elecciones pasadas.
Y esa misma preocupación, es la que nos lleva a referirnos a la reelección de nuestro gobernador y de lo que de ella aspiramos. Es en ese sentido, lo primero a destacar es la contundencia de su victoria, a la que para no caer en la utilización de expresiones futbolísticas habría que calificar como de “aplastante”.
Es que no se trata tan solo de atender al porcentaje de votos obtenidos por él y sus candidatos, en comparación con los de la oposición principal, que no es otro que el actual oficialismo en el orden presidencial.
Sino que se debe señalar su victoria en las cuatro principales ciudades de la provincia, como es el caso de Paraná –donde el oficialismo provincial recuperó la intendencia- Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. A lo que se suma una mayoría superior a la calificada –es decir mayor a los dos tercios- en el caso del Senado Provincial.
De allí que esa ratificación de la ciudadanía en su cargo al gobernador, aceptada como debiera ser lo común en forma pacífica y leal por parte de toda la población, se constituye no solo en una muestra del debido apoyo a su gestión; sino una exigencia a que despliegue en toda su dimensión tanto sus atribuciones, como que atienda a sus responsabilidades.
O sea que lo que aquí reclamamos es no solo que continúe con un desempeño en el que se hace presente tanto la prolijidad en el hacer, como el respeto a los gobernados, sino que acentúe el carácter republicano que viene exhibiendo, desprendiéndose de todo tipo de influencias incompatibles con aquella adjetivación.
La tarea en la que tiene que continuar no le ha sido fácil ni tampoco lo será la que debe enfrentar desde diciembre en adelante. Ya que no se trata de otra cosa, que con las finanzas públicas provinciales saneadas como resultado de la prolijidad indicada de su hacer y de la normalización con aumento de los aportes que la provincia recibe del gobierno nacional, tiene que verse impelido a superar el atraso relativo en que en se encuentra Entre Ríos en materia económica y social. Ello centrado -tal como lo hemos expresado en forma reiterada- como la manera de lograr que la nuestra deje de seguir siendo una provincia expulsora de población; y a la vez auto generadora de personas en situaciones de vulnerabilidad.
En la ocasión se hace indispensable efectuar un llamado a toda la ciudadanía, en relación al papel que ella debe cumplir para lograr el más eficaz funcionamiento del Estado provincial, en sus diversos niveles y servicios.
Es que no basta que por normas de derecho se implanten las instituciones de la República, si no existen repúblicos, o sea ciudadanos que se interesan en forma principalísima de las cosas del común, y que no eluden sus responsabilidades en la materia con la fuga muchas veces comprensible, pero siempre de cualquier manera censurable, hacia la vida privada con abandono de sus obligaciones y responsabilidades en el espacio público.
Ya que como este espacio debe ser llenado necesariamente de alguna manera, ese escape al encerrarse dentro del ámbito de lo privado a que acabamos de aludir, viene a servir para explicar las carencias en numerosas ocasiones graves que se observan en la idoneidad de nuestra dirigencia, con la consiguiente pérdida de calidad institucional, sino que demos la impresión confusa de una sociedad que se debate entre el letargo y el activismo caótico y sin norte.
De allí que cese la preocupación por la ausencia de una inquietud colectiva públicamente expresada ante, sino la carencia, al menos la insuficiencia en apariencia crónica de ciudadanos bien formados, diligentes y que aparezcan manifestando una honesta vocación de servicio hacia los demás.
Y sería bueno que fuera de descontar, que en emprendimientos así de desafiantes, al gobernador Bordet se sumara el acompañamiento colectivo.
