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El chofer narco, Marcelo Alejandro Acosta
El chofer narco, Marcelo Alejandro Acosta
El chofer narco, Marcelo Alejandro Acosta
Nos estamos refiriendo a un decreto que acaba de ser publicado por el gobierno provincial. Por el mismo se dispone la cesantía de un chofer de la secretaría privada de la gobernación. Hasta aquí, como dijimos, nada de qué asombrarse. Ni tampoco por el hecho que esa cesantía haya sido consecuencia de que ese chofer haya sido detenido, cuando fuera sorprendido por un retén policial transportando en el año 2014 – o sea de esto casi ocho años- 20 kilos de cocaína en el baúl del automóvil- que conducía, circulando la autopista que une Santa Fe con Rosario. Ni menos aún, por la circunstancia de que el entonces sorprendido con “las manos en la masa”, ya que se desempeñaba como chofer en la Secretaría Privada de la Gobernación de nuestra provincia.

Cabe señalar que a partir de ese momento, la situación del “narco/chofer”, fue abordada en dos formas paralelas. Por la justicia federal primero, atendiendo al hecho que revestía la condición de “tenedor y transportista” de cocaína, delitos de naturaleza federal. Por la administración provincial, también, dado que se estaba en presencia de un “empleado infiel”.

De allí que, en el ámbito de la justicia federal el chofer fuera condenado en mayo de 2018 a cumplir su pena de prisión y al pago de una multa de 5000 pesos, por encontrarse incurso en la comisión de delitos vinculados con el narcotráfico. Aunque ignoramos, dado que no contamos con la información necesaria, qué pasó de allí en más, aunque conjeturamos que el chofer siguió en libertad, por mantenerse disconforme con esa sentencia. Ello así cabe presumir, porque vemos que en el sumario administrativo que se abriera ante lo sucedido en su contra en el año 2014, luego del transcurso de tres años, se decretó, en diciembre de 2017 su cesantía, en función de haberse tenido por acreditado el comportamiento descripto al comienzo. Y que ese decreto fue, dentro de los plazos legales, materia de un recurso de revocatoria que vino a poner en cuestión al mismo, y a impedir su cumplimiento. También que ese recurso demoró cinco años en ser resuelto, ya que lo fue en febrero de este año, desechando el recurso y confirmando la cesantía.

Nada que pueda asombrarnos. Es que nos encontramos viviendo en un estado de cosas en el que nada puede sorprender, si se atiende al “desparpajo” que caracteriza a tantos de nuestros actuales funcionarios. Desparpajo, una palabra que parece haberse “caído” además del diccionario, ya que ha ido desapareciendo de nuestra realidad, al pasar a ser normal el desembozado descaro con el que actúan tantos funcionarios. Nada que pueda asombrarnos.

De allí que para tratar de evitar que se repitan situaciones como la descripta –de la que está llena la información cotidiana- se nos ocurre que se debería poner el acento en acabar con ese “andar retardado” propio de funcionarios que dolosa o negligentemente llegan hasta “pisar expedientes”, utilizando de esa manera otra expresión para referirse al “cajoneo” de los mismos.

Es que resulta innecesario preguntarse cuántos son los sumarios y otros expedientes del mismo tenor que demoran en su culminación un quinquenio y hasta una década, inclusive sin recurrir al cajoneo, sino apelando al “método de la calesita”, en el que se los ve yendo y viniendo una y otra vez; circulando de manera giratoria entre los mismos funcionarios.

¿No habrá llegado la hora de que se implemente un sistema para detectar ese comportamiento moroso de funcionarios, a lo que se deberá sumar que este tipo de comportamientos sean severamente castigados? Sin olvidar que esa responsabilidad no cabe exclusivamente a los simples oficinistas, sino que incluye a todos los de jerarquía superior, encargados no solo de supervisarlos. Cuando una innovación de ese tipo se acabe, habrá llegado el momento en que tendremos motivo para... asombrarnos.
Fuente: El Entre Ríos

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