Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Con la aprobación del dictamen de comisión en el Senado de la Nación, la mayoría oficialista quedó en posición de votar la reforma judicial la próxima semana y aprobarla. Como en otras situaciones donde se vienen repitiendo sistemáticamente la parcialidad y el atropello, este dictamen se aprobó sin que los senadores de la oposición pudieran tener siquiera acceso a su contenido.

Como es sabido, Cristina Kirchner maneja el Senado a su antojo, apoyada en un bloque donde predominan acólitos suyos, muchos provenientes de La Cámpora, los que superan en influencia y numero a aquellos vinculados a gobernadores peronistas no encolumnados detrás de la señora.

El impactante banderazo del pasado 17, con manifestaciones masivas en más de 160 ciudades de nuestro país, incluidas algunas de Entre Ríos, y que puso en el tapete, entre otros temas, a la reforma judicial, no hizo mella en el oficialismo. Al contrario, gigante oposición solo parece haber servido para cimentar una determinación en insistir con una legislación que desafía la mesura y el consenso.

El clamor no escuchado de una parte importantísima de la población se sumaba así a otras declaraciones anteriores en contra del proyecto de reforma, como habían sido los casos de la Cámara Nacional del Crimen y la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. Mientras aquella declaró el proyecto lisa y llanamente inconstitucional, esta última -sin plantearlo taxativamente-, si estuvo bien cerca de hacerlo al criticar con vehemencia la fusión de fueros.

La Corte Suprema de Justicia, sujeta ahora a los designios de lo que pueda decidir la comisión Beraldi -integrada por juristas oficialistas en algunos casos muy cercanos a la ex presidenta- respecto de una posible futura modificación en cuanto al número de sus integrantes y estructura de funcionamiento, también ha dejado saber en privado su incomodidad por no haber sido consultados.

Tampoco nadie en la justicia tuvo la posibilidad de aportar al debate, sencillamente se decidió no consultarlos y dejarlos afuera de la discusión. Cristina Kirchner, motor en las sombras de este proyecto, si consultó en cambio a sus abogados defensores, Beraldi y Arslanian, baluartes de la comisión de notables. Esto en un abierto desafío al sentido común y en un claro conflicto de intereses.

Ni que hablar del reciente atropello del Senado, el que optó por desoír las ordenes de la Justicia al decidir avanzar con la destitución de diez jueces cuyo pecado original fue haber sido trasladados durante el gobierno de Cambiemos, dos de los cuales -oh casualidad- deben juzgar a la expresidenta.

El día de ayer, el juez Daniel Rafecas, propuesto por el actual gobierno como Procurador General de la Nación, no solo se manifestó en contra de la reforma judicial, sino que dijo además que si cambiaban la ley para nombrarlo, hoy se necesitan dos tercios del Senado para poder hacerlo, el daría un paso al costado. Criticó también los descalificantes embates de kirchnerismo duro para con el procurador interino Eduardo Casal, al que están tratando de remover a cualquier precio, por derecha, por izquierda, o como sea.

Estos capítulos de terror que se concatenan uno tras otro persiguen un objetivo único, favorecer los intereses de una sola persona, Cristina Kirchner. La reforma judicial es solo una fachada que disimula el objetivo obsesivo y único de la vicepresidenta que busca controlar la justicia y evitar ser juzgada y condenada, considerando que la cantidad de pruebas acumuladas en varias de las causas en su contra es abrumadora y contundente. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández, supuesto impulsor de la reforma, calla y otorga haciendo oídos sordos a un evidente desvalijamiento institucional.

Lograda la aprobación en el Senado, aunque no perdamos la esperanza de que tanto los dos senadores nacionales de Juntos por el Cambio, como el peronista Edgardo Kueider -cercano al Gobernador Bordet- voten en contra de este proyecto que recoge muchos más rechazos que adhesiones en toda la sociedad civil, la gran disputa estará en la Cámara de Diputados.

Allí el oficialismo necesita 11 diputados para lograr quorum y todo indica que la tarea no le será sencilla. Tanto los diputados de Consenso Federal que responden a Roberto Lavagna como los peronistas de Córdoba que le responden a Schiaretti han sugerido no le aportaran las presencias que el kirchnerismo necesita.

Todos sabemos que habrá gestiones múltiples con gobernadores y billeteras bien abiertas para los que acepten sumarse a esta movida también injustificada por el momento en que se decide plantearla, esto es en el medio de la crisis económica más grande de los últimos cien años. Seguramente nuestro gobernador sea uno de los destinatarios de esos cantos de sirena, con la promesa del oro y el moro. Esperamos prime su prudencia y su instinto de la defensa institucional y convenza a los diputados nacionales que le responden a que no den el quorum o a que directamente voten en contra si la situación de voto finalmente se concretara.

Votar esta ley no persigue el bien común sino la redención de una sola persona. Como sucede desde hace un tiempo, las leyes en Argentina parecen dictarse a la medida de los políticos de turno, sus amigos y sus asociados. En el nombre del pueblo, todos los días se siguen riendo de él. Esta es una buena oportunidad para que quienes nos representan terminen con esa maldita costumbre y por una vez se pongan de nuestro lado.
Fuente: El Entre Ríos

Enviá tu comentario