La gravedad de índole institucional que acompaña a una iniciativa de este tipo, más allá de sus buenas intenciones, las cuales no aparecen con una claridad que las vuelva incuestionables, ya que existen dudas respecto a cuál es su propósito. Aunque resulta evidente que el objeto del mencionado organismo no es otro que desempeñar importantes funciones en la designación, supervisión y remoción de los jueces.
No es de extrañar entonces que, ante el avance más arriba indicado y además calificado, del proyecto en la forma señalada, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos haya emitido una nueva declaración pública, que se suma a otra anterior en la que daba cuenta de la misma preocupación puesta de manifiesta ante el proyecto, la que esa vez también provocó la mesurada reacción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, en términos similares a la de aquél Colegio.
En su nueva declaración, este nucleamiento señala que el Consejo de la Magistratura provincial ha sido un organismo modelo en el país y que su funcionamiento ha sido correcto durante los casi veinte años de su vigencia, para luego pasar a concretar los reparos que le siguen mereciendo el texto del proyecto de ley que nos ocupa.
De esa forma, en el nuevo comunicado manifiesta que mantiene su oposición a “la eliminación de las Facultades de Derecho; a la vista al Superior Tribunal de Justicia para la calificación de antecedentes; y, sobre todo, a la elevación de las ternas sin orden de mérito, lo cual consideramos afecta la transparencia de la designación".
Agrega que siguen sosteniendo “la necesidad de mantener la representación del estamento en los jurados (o sea, la inclusión como integrantes del cuerpo de representantes de asociaciones de la sociedad civil); de disponer la obligación de los Ministerios Públicos de comunicar las vacantes en su seno; de establecer una doble instancia en el recurso judicial, con plazos perentorios; de examinar a los aspirantes en temas trascendentes como independencia judicial, ética y perspectiva de género; y de establecer recaudos concretos, mecanismos y recursos presupuestarios y de infraestructura suficientes para garantizar la agilidad en la convocatoria, desarrollo y finalización de los concursos".
Al mismo tiempo y en relación al “banco de casos”, creado para la evaluación de idoneidad de los concursantes, se advierte – en el comunicado al que nos referimos con mucha preocupación- “su falta de regulación concreta, la indeterminación del sistema propuesto, su confusa implementación y, sobre todo, la falta de un estudio riguroso sobre el modelo que se propone, reparando en las dudas existentes respecto del número de casos suficiente para cada fuero e instancia, en la disparidad y diversidad de fuentes para su confección, y en la ausencia de una autoridad de control y/o aprobación de los casos para su incorporación al banco; proponiendo que sean las Universidades de Derecho quienes confeccionen los mismos".
Todo lo que viene a significar, utilizando el lenguaje llano, tal cual lo señalaba uno de los legisladores que se manifestaron opuestos a la reforma, que “es incomprensible la búsqueda en apariencia tanto innecesaria como obsesiva, en modificar –y en este caso para peor, agregamos por nuestra parte- organismos que funcionan bien”. Y agregaríamos, fuera de este encomillado, que lo hace con beneplácito generalizado. Una prueba de lo cual la tenemos en el silencio por parte de la población respecto a su funcionamiento, ya que por lo general solos nos acordamos de las cosas que nos traen problemas.
Independientemente que el puntaje que consideramos que se asigna a la entrevista, puede llegar a constituirse en un factor de discrecionalidad a todas luces inconveniente, circunstancia, a la que a la luz de lo que se ve, no se le ha dado la debida importancia.
Mientras tanto, no debe dejarse de señalar que no se ha dado por parte de los grupos formadores de opinión, la acción de esclarecimiento que merece esta lamentable iniciativa, a la que no se los ha visto tratando de mostrar a los vecinos de nuestra provincia, el retroceso institucional que significaría la reforma. Eximimos, en cambio, de toda culpa a la población en general, por cuanto vemos a la misma agobiada por otras preocupaciones, sino más relevantes –que lo son- al menos más urgentes, cuales son las vinculadas con la diaria supervivencia.
No podemos concluir sin señalar, que las reacciones explicables provocadas por un atentado, al que tenemos por real y lo seguiremos así considerando, mientras no se demuestre de una manera categórica y por lo mismo indudable lo contrario, parecen errar el rumbo.
Es que lo hacen sus sedicentes defensores, en cuanto no se han revelado como aptos para impedir la consumación del atentado, en cuanto no focalizan la reacción en la persona de la vicepresidenta –como ser humano, por encima de sus diversas investiduras- ya que, el desenlace afortunado del mismo, es una circunstancia que debía cuando menos ser suficiente para provocar –y aun exteriorizar- el alivio colectivo, sin necedad de añadir ningún otro aditamento.
Ausencia de centralidad de que dan también muestra los mismos sectores cuando salen en “defensa de la democracia” –inclusive con un poco feliz feriado mediante- cuando en lo sucedido, lo que estuvo en juego es “la suerte de las instituciones de la Constitución”, que es lo mismo que decir la República, de la que la democracia es un factor esencial para su existencia, pero no el único, ya que todos los demás son de parecida importancia arquitectónica, y de la que en estos días se escucha hablar poco y nada, en contra de lo que se debiera.
