Por Blanca Osuna, diputada nacional por Entre Ríos
Especialistas en hidrología, organizaciones vinculadas a la producción y al ambiente, autoridades de localidades de la costa del río y pescadores baqueanos denuncian que llevar la profundización por dragado de 34 a 44 pies va a alterar drásticamente la dinámica del curso, acelerar la erosión de las costas, afectará la biodiversidad y el acceso al agua para consumo y servicios, tal como ya había sucedido en la ciudad de Victoria. La desregulación y privatización del sistema fluvial litoral golpeará al cabotaje nacional y pondrá en riesgo empleos del sector. Tener el registro de que las grandes potencias del mundo administran sus ríos, tal es el caso de EE. UU. y China, que cuentan con control y regulación estatal, revela la importancia que le otorgan a la intervención del Estado en el comercio, la logística y la seguridad.
La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.
La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios. A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable - ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de ocasión hechas por Frigerio, además de inconsistentes, solo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.
El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la misma, el 90 % de las exposiciones fueron de rechazo a las condiciones establecidas en los pliegos en base a documentación precisa: denuncias respecto a la profundidad del dragado, se exigieron estudios de impacto ambiental y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú suscripto por nuestro país, entre muchas otras observaciones críticas. Con posterioridad, y desatendiendo lo expresado en la audiencia de noviembre, el Gobierno convocó a nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.
Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la empresa Jan De Nul, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió, en mayo del presente año, un dictamen advirtiendo graves irregularidades, con antecedentes que ya había señalado anteriormente. En él sostuvo que el procedimiento licitatorio en curso era objeto de reproches administrativos que darán lugar a consecuencias penales.
Entre las numerosas distorsiones, la PIA destacó: la ausencia de la Evaluación de Impacto Ambiental Integral, requisito exigido por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y el Acuerdo de Escazú (Ley Nac. 27.566). Además, la vulneración del principio de igualdad entre oferentes, las restricciones al derecho de impugnación y la ausencia de criterios objetivos para la evaluación de las ofertas.
Observó, además, la insuficiencia del control jurídico del organismo licitante. Justamente eso es lo que, entre otras cosas, apañó la intervención cruzada de un personaje, Francisco Mansanta, designado por Milei en la Comisión Administradora del Río Uruguay - CARU, desde donde se adjudicó sin licitación alguna el dragado del río Uruguay a Jan De Nul, mientras al mismo tiempo integraba la Comisión de Evaluación de la Licitación por el río Paraná. Si a esto se agregan los diversos conflictos de intereses cruzados que han quedado en evidencia, concluimos que no hay casualidades. Sobre todo ello están pendientes aún los avances en el plano administrativo y judicial de lo planteado por la PIA.
El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul - ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.
Nunca estuvo tan explícito el sentido de Gobierno vende Patria.
En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales que vienen al caso para fundamentar el valor del federalismo en defensa de un bien estratégico como es el Paraná, y que es oportuno hacer presente:
. Túnel Subfluvial: el 15 de junio de 1960 se suscribió un acuerdo entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, que firmaron sus gobernadores, Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis. Ambas provincias coincidieron en que la negativa de recursos del Gobierno nacional atentaba contra el desarrollo logístico, económico y social de la Mesopotamia. El Tratado fundacional resolvió, en contra del Gobierno nacional que negaba el financiamiento para la construcción de una vía de comunicación sobre el río. La idea primigenia de puente sobre el río se concretó como túnel en su lecho y fue inaugurada en 1969. El dominio originario del río y el derecho constitucional que las provincias tienen sobre sus recursos fundaron y dieron lugar e impulso a la constitución del Ente Interprovincial Autárquico administrado equitativamente, que ya cumplió 66 años.
. Ley de Libertad de los Ríos, expresada en la Ley Provincial 9092, aprobada por unanimidad en 1997, nacida de la movilización popular, cuyos principios fueron incorporados a la Constitución de Entre Ríos. Fue esa lucha la que impidió la construcción de la represa de Paraná Medio. Sus razones y las sentencias de la Justicia Federal en contra del Decreto Presidencial del inicio de la obra pusieron fin definitivo a lo que se consideró un avasallamiento a los intereses de los entrerrianos.
. Incendios en las Islas en 2008. Después de variados reclamos y denuncias, la Justicia Federal dispuso que las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y los respectivos municipios ribereños deben coordinar para evitar afectaciones socioambientales. El PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná) surgió como acuerdo interjurisdiccional obligatorio, aunque su continuidad no ha sido sostenida ni por Milei, ni Frigerio, ni Pullaro.
¿Qué dejan en claro estos antecedentes?
El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.
Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.
Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por “usuarios”, donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.
La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.
Tienen actualmente vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025), como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones. Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato. Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía. Y no lo será, a pesar de que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable. El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.
El dragado a 44 pies y la navegación de embarcaciones de gran porte y desmesura va a afectar el acuífero Guaraní, los humedales y cursos de agua, comprometerá la biodiversidad y va a poner en riesgo el acceso al agua potable. También impactará en las economías regionales, en el trabajo vinculado al río, en la pesca artesanal y en las actividades deportivas y turísticas.
Lo que está en juego es, nada menos, que la soberanía de la Argentina. Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.
Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados.
El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.
Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.
