El gobierno nacional formalizó este lunes la aprobación del modelo de contrato de garantía con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para respaldar a la provincia de Entre Ríos en un financiamiento internacional. Si el gobierno de Paraná no pagara, Nación podrá cobrarse de la Coparticipación.   A través del Decreto 1104/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego César Santilli y Luis Andrés Caputo, se avaló la operación por hasta USD 280.000.000 destinada a ejecutar el Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos (PIVS-ER).   Objetivos y componentes del programa vial en territorio entrerriano     De acuerdo con los considerandos de la normativa oficial, el objetivo general del programa es contribuir al desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias de la provincia. Para alcanzar esta meta, la ejecución del plan contempla dos ejes principales:   • Por un lado, mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación en la red vial provincial de manera sostenible.   • Por otro lado, fortalecer las capacidades institucionales del Estado provincial en la gestión de su infraestructura vial.   Las tareas operativas se dividirán en dos componentes esenciales: la realización de ingeniería, obras, inspección y compensaciones socioambientales, y el fortalecimiento institucional de los organismos provinciales competentes.   Evaluación macroeconómica     Previamente a la rúbrica de los convenios, distintas áreas técnicas del Estado nacional evaluaron la viabilidad de la operación de crédito público. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se expidió sobre el impacto en la balanza de pagos y manifestó que la dimensión del endeudamiento "implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales", concluyendo además que dicho impacto "será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas".   En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía dictaminó que no existen objeciones formales debido a que "el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado".   Mecanismo de contragarantía y resguardo fiscal     Como contraparte a la cobertura financiera otorgada por la Nación ante el organismo multilateral de crédito, el convenio establece un riguroso mecanismo de resguardo para preservar el crédito público de la República Argentina.   El gobierno provincial suscribió un Contrato de Contragarantía por medio del cual se compromete a cancelar los compromisos de pago asumidos en los plazos estipulados. Asimismo, la normativa estipula que, en caso de registrarse demoras o incumplimientos en los pagos, la administración provincial autoriza expresamente al Gobierno Nacional a efectuar el débito automático de los fondos correspondientes de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos por el total del monto adeudado.   Con este paso administrativo, el proyecto de conectividad vial entra en su etapa operativa definitiva, prometiendo transformar la logística y la competitividad de las economías regionales en todo el suelo entrerriano.