El gobierno de Entre Ríos oficializó tres nuevos procedimientos destinados al recupero de haberes que fueron percibidos indebidamente por agentes de la administración pública provincial.   Los casos, formalizados mediante decretos del Poder Ejecutivo, involucran en todos los casos a personal del Ministerio de Desarrollo Humano y representan, en conjunto, un monto de $26.067.764,10, al que deberán adicionarse los intereses correspondientes.   Las disposiciones establecen que los trabajadores deberán reintegrar las sumas determinadas dentro de un plazo de 30 días corridos desde su notificación. En caso de que la devolución no se concrete, los expedientes prevén la intervención de la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales tendientes al recupero del dinero, incluyendo intereses, gastos y honorarios.   Los tres decretos llevan la firma del gobernador Rogelio Frigerio y de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.   El caso de mayor monto: más de $14,2 millones     El primero de los expedientes corresponde a Griselda Carina Castro, respecto de quien la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano practicó una liquidación por haberes percibidos indebidamente por un total de $14.204.490,99.   El decreto Nº 1968 establece que a esa suma deberán agregarse los intereses devengados y a devengarse desde el momento en que se adeudan y hasta el efectivo pago, calculados conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.   Castro fue intimada a devolver el monto dentro de un plazo perentorio e improrrogable de 30 días corridos desde su notificación. Si no cumple, el decreto dispone que se dé intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones legales correspondientes.   Se trata del monto más elevado de los tres expedientes y representa por sí solo más de la mitad del total que la Provincia busca recuperar.   Otro agente deberá devolver más de $6,5 millones     El segundo caso corresponde a Julio Martín Rivero, personal de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano.   En su caso, el decreto Nº 1969 aprobó una liquidación por $6.558.128,06 en concepto de haberes percibidos indebidamente, también con el agregado de los intereses correspondientes desde la fecha de la percepción indebida y hasta su efectivo pago, conforme a la Tasa Activa del Banco Nación.   Pero el expediente tiene además una particularidad: el gobierno provincial dispuso la instrucción de un sumario administrativo a través de la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado.   El decreto señala que Rivero se encontraría presuntamente comprendido en la causal prevista por el artículo 71º, inciso f), de la Ley Nº 9755, modificada por la Ley Nº 9811, que establece el Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos.   El trabajador también fue intimado a devolver el dinero en un plazo de 30 días corridos desde su notificación. En caso de incumplimiento, Fiscalía de Estado podrá iniciar las acciones legales para recuperar la suma adeudada, más intereses, gastos y honorarios.   El decreto ordena además notificar la medida al Departamento Despacho y Personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano, y remitir copias a las áreas de Recursos Humanos y Sumarios.   El tercer expediente supera los $5,3 millones     El tercer caso involucra a Lucía Ester Silva, personal de servicios de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano.   De acuerdo con el decreto Nº 1970, la liquidación practicada por la Dirección General Administrativo Contable determinó que Silva percibió indebidamente $5.305.145,05.   Al igual que en los otros expedientes, el monto deberá ser devuelto junto con los intereses devengados y a devengarse desde la fecha de la percepción indebida hasta el efectivo pago, calculados según la Tasa Activa del Banco Nación.   También en este caso el Poder Ejecutivo dispuso la instrucción de un sumario administrativo a través de la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado. El decreto indica que la agente se encontraría presuntamente incursa en las causales previstas por los incisos a) y b) del artículo 71º de la Ley Nº 9755, modificada por la Ley Nº 9811.   Silva fue intimada a efectuar la devolución dentro de los 30 días corridos posteriores a su notificación. De no concretarse, Fiscalía de Estado podrá avanzar con las acciones legales para procurar el recupero de la suma, además de los intereses, gastos y honorarios que correspondan.   Más de $26 millones en tres expedientes     La suma de los tres recuperos alcanza los $26.067.764,10, sin contar los intereses que se adicionarán hasta el momento en que efectivamente se produzcan las devoluciones.   El expediente de Griselda Castro concentra $14.204.490,99; el de Julio Rivero, $6.558.128,06; y el de Lucía Silva, $5.305.145,05.   Los tres casos tienen como denominador común que los montos fueron determinados por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano y que el Ejecutivo ordenó intimar a los involucrados para que restituyan las sumas dentro de los 30 días.   La diferencia está en que, mientras en el caso de Castro el decreto dispone directamente la aprobación de la liquidación y la intimación para el recupero, en los expedientes de Rivero y Silva se dispuso además la apertura de sumarios administrativos, que quedaron bajo la órbita de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado.   En los tres casos, si el dinero no es reintegrado voluntariamente, el Estado provincial quedó habilitado a avanzar por la vía judicial para intentar recuperar los fondos.